De esta forma se pronuncia el CGAE tras las denuncias de algunos abogados de los imputados por haber sido intervenidas conversaciones entre los letrados y sus clientes.
El Consejo manifiesta su "absoluto rechazo" a la "violación del secreto profesional" que, en su opinión, se produjo en el marco de este caso y entiende que es "un gravísimo atentado" contra el Estado de Derecho.
Estos procedimientos -subrayan los abogados- están reservados a casos de terrorismo o en los que puede estar implicado el abogado y no pueden ser aplicados en cualquier circunstancia pues ponen en peligro el derecho a la defensa y suponen una ilegítima vulneración de derechos fundamentales.
El Consejo entiende que las grabaciones de las conversaciones entre Francisco Correa y su segundo abogado tenía que haberlas autorizado el juez Baltasar Garzón en un auto, tal y como lo hizo para intervenir las que mantuvo el presunto cerebro de la trama con su primer letrado, implicado en la causa.
Por ello, según el CGAE, la grabación de las comunicaciones ha sido realizada "fuera de la legalidad vigente" y debería haber cesado o destruirse al hacerse cargo de la defensa un nuevo letrado.
Por todo ello, el CGAE considera que estas prácticas "repugnan al sentido común y hacen que los ciudadanos pierdan la confianza en el Estado de Derecho".