Asimismo, se ha dirigido a las autoridades francesas para reiterar que el respeto a los Derechos Humanos debe orientar cualquier actuación destinada a desmantelar el campamento de Calais, donde recuerda que 3.000 personas han permanecido "varios años en condiciones inhumanas".
La Abogacía Española ha denunciado, al igual que en septiembre de 2015 en el caso de Hungría, que en "ningún caso" se justifica el uso de material represivo contra seres humanos que huyen de una guerra y que, señala, "están al límite de sus fuerzas tras haber recorrido miles de kilómetros en condiciones durísimas".
El organismo presidido por Victoria Ortega ha reiterado una vez más que los Derechos Humanos deber regir las políticas migratorias y que el derecho de asilo debe ser garantizado individualmente, sin discriminación por país de origen.
"Las políticas represivas y de cierre de fronteras no solo no solucionan la grave crisis de derechos humanos que supone el tránsito masivo de personas que huyen de la violencia, la guerra, la persecución o la pobreza, sino que agrava extraordinariamente la situación", ha recordado.
Por eso, la Abogacía insta a las autoridades europeas y a la comunidad internacional a establecer un "pasaje seguro" para las personas refugiadas y a hacer frente a sus compromisos "sin más demora".