La Abogacía Española, que apoyó públicamente en mayo de 2012 las nuevas directrices de la Dirección General de la Policía destinadas a evitar la detención indiscriminada de extranjeros basadas únicamente en criterios étnicos, recuerda que la detención de personas por meros indicios migratorios, sin ser sospechosos de la comisión de un delito, no tiene cobertura legal en nuestro ordenamiento.
Además, denuncia en un comunicado la práctica de controles de identificación de personas basados en perfiles étnicos y raciales, así como la incoación de expediente sancionador por estancia irregular en territorio nacional, "a pesar de que esto es una mera infracción administrativa".
El Consejo General de la Abogacía comparte que el trabajo de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía encaminado a la prevención del delito se dirija en materia de extranjería, primordialmente, a la erradicación de las redes de inmigración ilegal y trata de personas, así como a la expulsión de extranjeros en situación irregular sujetos a procedimientos penales, pero siempre desde la garantía de los derechos y libertades.
"Si de verdad creemos que los extranjeros que están en España son iguales que nosotros, debemos tratarlos con igualdad, respetando siempre sus derechos", ha dicho el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer.