Ya en la comisaría de Moratalaz los agentes procederán a elaborar las diligencias oportunas tras leer sus derechos a las detenidas y darles la oportunidad de declarar y contar con un abogado. Las fuentes consultadas advierten de que el perfil de este tipo de detenidos suelen negarse a declarar y pasan directamente a disposición judicial o quedan en libertad con la obligación de comparecer ante el juez.
La actuación de las tres feministas viene recogida en el artículo 497 del Código Penal en el que se específica que "incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año quienes, sin ser miembros del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, perturben gravemente el orden de sus sesiones. Cuando la perturbación del orden de las sesiones a que se refiere el apartado anterior no sea grave, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses".
La Comisaría de Moratalaz es donde se encuentra el registro central de detenidos y la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Hasta ese lugar es donde fueron trasladados otros protagonistas de incidentes en el Congreso como el actor Willy Toledo y varios activistas prosaharauis tras otra protesta en el Congreso en 2010.