"Esta persona (Rosales) se fue por las trochas a Colombia y se encuentra desde allá, en una actitud de evasión a la justicia, en una conducta que deja mucho que desear", dijo Carlos Escarrá, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que dirige el presiente Hugo Chávez.
Escarrá reiteró ante los periodistas, durante una intervención en la sede caraqueña del PSUV, que Rosales "no está en el país, está evadido de la justicia venezolana".
Rosales no ha aparecido en público desde la tercera semana de marzo a pesar de que tanto su esposa, Evelyn Trejo, como Omar Barboza, presidente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), del que es su líder, aseguraron que se encontraba "a resguardo" pero en Maracaibo.
Rosales fue imputado por la Fiscalía el 11 de diciembre de 2008 con base en un informe del 19 de julio de 2007 de la Contraloría General, que investigó su declaración jurada de patrimonio desde 2004 y detectó "fondos que no pudo justificar", según la Fiscalía.
El dirigente opositor está citado para el 20 de abril en un tribunal de Caracas para que presente sus alegatos contra esa acusación.
Todo parece indicar que Rosales no se presentará a esa cita porque Barboza ya adelantó que se trata de una "persecución política" y que no existen "garantías procesales para que el juicio sea apegado a la ley".
Otra circunstancia que respalda esa suposición es que UNT designó el pasado 3 de abril a Elías Mata como "alcalde encargado" de Maracaibo luego de que Rosales recibió una "licencia" de 90 días por parte de la cámara municipal.
Esa medida fue la respuesta al planteamiento hecho por la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, de que si Rosales permanecía "ausente" de la Alcaldía de Maracaibo por más de 90 días se convocarían elecciones para cubrir el cargo.
Los rumores sobre el paradero de Rosales se produjeron a pesar de que altos mandos de la policía judicial aclararon que no habían recibido de ningún tribunal la orden de arrestarlo.
El próximo 20 de abril la jueza Reina Morandi deberá decidir si Rosales afronta el juicio en libertad o encarcelado, una vez que valore la acusación de la Fiscalía sobre un delito castigado con penas carcelarias de entre tres y diez años.
El proceso en sí arrancó el 13 de septiembre de 2004, luego de que el secretario regional del partido pro gubernamental Patria Para Todos (PPT), José Pirela, lo denunciara por la presunta adquisición de bienes inmuebles, directamente o a través de testaferros.
La investigación abierta a raíz de la denuncia determinó, según la Fiscalía, que Rosales "no logró justificar" recursos que aumentaron su patrimonio en 147.390 bolívares (68.553 dólares).
Rosales también fue interpelado por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) en diciembre pasado, que le imputó otras supuestas irregularidades.
Entre ellas figuraron la donación de vehículos de la gobernación del Zulia, en su época de gobernador de ese estado, y haber formado en Miami (EE.UU.), directa o indirectamente, empresas cuyos activos superan los once millones de dólares.
Rosales ha negado todas las acusaciones y se ha declarado un perseguido político de Chávez.