Los cientos de folios que la juez Mercedes Alaya ha enviado al Supremo, cifran en 855 millones el desvío en el fraude de los ERE. La juez dice que tanto los expresidentes como los siete exconsejeros a los que señala, tenían que conocer lo que estaba pasando. Alaya dice que formaron parte de la instauración y mantenimiento del sistema, que acabó beneficiando a "personas y empresas próximas al entorno de los sindicatos, de cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE andaluz". Las próximas decisiones las tendrá que tomar el supremo: primero nombrará un juez, que pedirá su opinión a la Fiscalía; después decidirá si es el tribunal adecuado para instruir la causa; y finalmente, la admitirá a trámite o no. Pero todo será a partir de septiembre.