La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido su petición de cinco años y medio de cárcel para cada uno de los 19 acusados de asediar el Parlament de Cataluña en junio de 2011 porque con sus "acciones violentas, agresivas, intimidatorias y coactivas" consiguieron alterar el debate parlamentario y "sobrepasaron" los límites del derecho de reunión, expresión y manifestación.
Así se han expresado los fiscales Teresa Sandoval y José Perals durante el juicio que se sigue contra los procesados por delitos contra las Instituciones del Estado y atentados contra la autoridad y contra quienes también piden sendas multas de 7.500 euros.
La acusación popular, ejercida por Manos Limpias, solicita ocho años y medio de prisión para los acusados, mientras que la Generalitat y el Parlament piden tres años de cárcel para algunos de ellos. Las defensas demandan la libre absolución.
En la exposición de conclusiones definitivas, la fiscal Sandoval ha enfatizado que las conductas de los acusados se residencian "de plano dentro del derecho penal, como delitos". "Como resultado del conjunto de acciones violentas, agresivas intimidatorias y coactivas sobre los parlamentarios al final se consiguió llevar a efecto el lema de la manifestación 'Paremos el Parlament'", ha dicho.
Su colega, el fiscal Perals, ha advertido de que confluían precisamente ese día en la Cámara las tres funciones que tiene atribuidas en el Estatut, como es la votación de presupuestos, el control al Gobierno y la potestad legislativa, además de un homenaje a uno de los padres de la Constitución Jordi Solé Tura.
Los representantes del Ministerio Público han recordado las miles de concentraciones celebradas cada año, especialmente en época de crisis, para hacer hincapié en que es "sano y saludable que la gente se manifieste", pero es "antidemocrático" que se haga ejerciendo "fuerza y violencia" contra las personas.
"No se trata de perseguir una manifestación pacífica. Los acusados sobrepasaron el límite de actuar de forma democrática, cívica, responsable y ejemplar en una manifestación contra los recortes que no gustaban ni gustan a nadie", han agregado.
RECUERDAN EL TEMOR DE LOS PARLAMENTARIOS
En este sentido, los fiscales han recordado el temor y las agresiones que fueron rememoradas durante el juicio por los parlamentarios que se vieron afectados ese día cuando acudían a la sesión plenaria. "Una coacción y violencia así no la había vivido nunca", dijo el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Por otra parte, han defendido la validez de las pruebas y han añadido que la identidad de los acusados ha quedado absolutamente acreditada con el estudio fisonómico de los peritos y las imágenes de la manifestación. "Con todo, la correspondencia de las personas que aparecen en estas imágenes con los acusados que tenemos en el juicio puede ser apreciada a simple vista", han remachado.
Aquel 15 de junio de 2011, una protesta contra los recortes reunió a cerca de 4.000 personas que mayoritariamente ejercieron sus derechos pacíficamente. Sin embargo, una minoría interceptó el coche oficial de Artur Mas, lo zarandearon, golpearon e intentaron abrir su puerta.
Los manifestantes "increparon y acorralaron también mediante amenazas e insultos" al diputado invidente de CiU Josep María Llop, y golpearon "repetidas veces con los brazos en alto" al independentista Alfons López Tena. También sufrieron el acoso los diputados Joan Boada, Gerard María Figueras, Ernest Maragall, Ana Isabel Marcos, Salvador Milà y Santi Vila.
Los parlamentarios se refugiaron en las comisarías y algunos de ellos fueron trasladados en vehículos policiales hasta la Cámara autonómica, mientras que una treintena recurrieron a un helicóptero para acceder al edificio, entre ellos su presidenta, Núria de Gispert, y Artur Mas.