El exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo Antonio Diz-Lois Ruiz, imputado por el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación creada en el Parlamento, ni a responder las preguntas formuladas por los distintos grupos, al tiempo que ha eludido toda responsabilidad en este caso, subrayando que era "un simple jefe de servicio de los cuatro que había".
Así se ha pronunciado Diz-Lois en su intervención en la comisión de investigación, en la que ha anunciado que se reserva el derecho a emprender acciones legales contra este órgano, si se le realizaban preguntas, al considerar que dichas cuestiones formulada antes los medios de comunicación podrían "lesionar su derecho a la defensa", así como también sus derechos "al honor, la intimidad y a la propia imagen", recogidos en la Constitución.
Por su parte, el presidente de la comisión de investigación, Ignacio García (IU), le ha respondido que la comisión reconoce y respeta su derecho a no declarar y no contestar las preguntas de los grupos, pero que entiende que "no se lesionan sus derechos constitucionales", por lo que procedió a pedir a los grupos parlamentarios que formularan sus preguntas.
SE MUESTRA "UN POCO NERVIOSO"
Diz-Lois, que aseguraba estar "un poco nervioso" al empezar a leer la intervención que traía preparada, por no estar "acostumbrado" a este tipo de situaciones, ha explicado que ha aceptado "el consejo" de su letrado para no prestar declaración, al considerar que quien comparece en una comisión de investigación no tiene los mismos derechos que quien lo hace como imputado ante una sede judicial, "lugar al que todavía no he acudido".
El compareciente ha indicado que las preguntas que los distintos grupos le formulen, en función de cuál sea el contexto en el que se realizan, puede suponer "una lesión" a sus derechos. "Sería una presunta coacción la que se me estaría realizando", ha afirmado Diz-Lois, quien ha insistido en no estar presente durante la formulación de las mismas.
Asimismo, durante su intervención ha aclarado que es un "funcionario de carrera" desde el año 1995 y que "jamás" ha ostentado un puesto político en ninguna administración. "Jamás he sido asesor ni intermediario en ningún expediente sometido a investigación, como erróneamente ha aparecido en los medios de comunicación", ha señalado el exjefe de servicio de Empleo, quien también ha negado tener "amistad o relación" con algunos de los beneficiarios de ayudas.
De igual modo, ha querido dejar claro que en el periodo en el que él trabajó en la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo no se tramitaron los expedientes de regulación de empleo que hoy se están sometiendo a investigación. Ha concluido su intervención asegurando que su perfil "poco o nada puede aportar al esclarecimiento de los hechos".
PREGUNTAS DE LOS GRUPOS
La diputada de IULV-CA Alba Doblas ha comenzado el turno de preguntas de los grupos parlamentarios con una batería de cuestiones similar a la realizada al anterior compareciente, el exdiputado del PSOE-A Ramón Díaz. En concreto, le ha preguntado a quién rendía cuentas; si trabajó para Francisco Guerrero, exdirector general de Trabajo; si despachó asuntos con el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; si tuvo dudas sobre la legalidad del procedimiento de concesión de ayudas o si tuvo conocimiento de que se utilizó un convenio "caducado".
Doblas también le ha preguntado si conoció los informes de Intervención que advertían de irregularidades; cuántos pagos conoció durante el ejercicio de sus funciones sin amparo de un convenio en vigor; si algún consejero o exconsejero le pidió información sobre el procedimiento; o si cobró algún tipo de comisión. Esta última pregunta hizo que Diz-Lois aseguraba que se estaba atentando contra su derecho al honor.
En el turno de intervención del PSOE-A, la portavoz en esta comisión, Antonia Moro, aseguró, como ya hizo en la anterior comparecencia, que su grupo respeta el derecho a no declarar del compareciente y que, por tanto, no iba a realizar las preguntas, sino que el listado con las mismas sería remitido a la Presidencia de la comisión para que se lo enviara al aludido. Si bien, García le recordaba que la comisión había rechazado este procedimiento.
Por su parte, el portavoz del PP-A en la comisión, Rafael Carmona, comenzó su intervención destacando que este órgano había sido aprobado "por unanimidad" de la Cámara y que el objetivo no era otro que "aclarar las irregularidades". Por ello, ha considerado necesario las aportaciones de los comparecientes, mostrando el interés de su formación en que los comparecientes se expresen en la misma.
Entre otras cuestiones, Carmona ha preguntado a Diz-Lois sobre cuáles eran sus funciones en la contabilidad de la Dirección de Trabajo; si Guerrero le pedía que le facilitara esos datos; si participó en la tramitación de expedientes de ayudas; si tenía conocimiento de pagos cruzados no soportados en convenio; si algún consejero conocía la existencia de estos pagos cruzados o si le habló a Ramón Díaz del 'fondo de reptiles' cuando abandonó la Dirección General de Trabajo.
El diputado 'popular' también ha cuestionado sobre si había un seguimiento y control de las ayudas concedidas; por qué cree que gran parte de las ayudas directas fueron a la Sierra Norte de Sevilla; quiénes eran en la Agencia IDEA los responsables de gestionar las ayudas directas; si tuvo conocimiento de algún incumplimiento de la normativa por ausencia de fiscalización previa; o si fue uno de los impulsores de que en 2008 se intentara modificar el procedimiento de concesión de ayudas.