La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha anulado las ordenes de busca y captura del expresidente de la Comisión parlamentaria de instituciones de crédito y mercados de la Duma Vladislav Reznik y de su esposa Diana Gindin, a los que el magistrado instructor José de la Mata relaciona con la mafia rusa Tambovskaya.
En concreto, los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel, han anulado las órdenes de detención europeas e internacionales a efectos de extradición acordadas el pasado mes de enero por De la Mata. En esta causa el magistrado ha abierto juicio oral contra 26 ciudadanos rusos y españoles por delitos de asociación ilícita y blanqueo continuado de capitales presuntamente cometidos por grupos mafiosos.
Los tres jueces comparten los criterios de la defensa y entienden que la medida de detención no esta justificada. Según el tribunal, estas personas "no se encuentran en paradero desconocido" sino trabajando en Rusia y, además, están personadas en esta causa con abogado y procurador y han declarado por videoconferencia.
La Sala argumenta que durante los 10 años de tramitación de la causa se les ha permitido residir fuera de España y para acordar su detención, sería necesario que se les hubiera citado a presencia judicial, no hubieran comparecido y no hubieran alegado una causa legítima que lo impidiera.
En el caso de Reznik, el tribunal da por buenos los argumentos de la defensa, que explicó en su recurso que su cliente en alguna ocasión justificó "la imposibilidad de acudir al llamamiento judicial por motivos médicos"
Los magistrados concluyen que, en un momento de la investigación en el que se ha decretado la apertura de juicio oral y hay escrito de acusación, no se justifica la detención porque la ley no exige la notificación personal de estas resoluciones.
De la Mata emitió estas órdenes de busca y captura contra doce presuntos miembros de las mafias rusas 'Tamboskaya' y 'Malyshevskaya' y actualizó la petición de extradición del capo Gennadios Petrov, quien "mantiene fuertes vínculos con el poder económico, político, judicial y policial en Rusia".
En un auto, fechado el 22 de enero, el magistrado explicaba que se ha formulado acusación y abierto juicio oral contra parte de los procesados, entre ellos Petrov, su mujer Elena Petrova y Leonid Khirstoforov, y acuerda ratificar las resoluciones de prisión provisional comunicada y sin fianza, actualizando las órdenes europeas e internacionales de detención a efectos de ser entregados a España.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 señalaba que los acusados se encuentran en paradero desconocido, la mayor parte fugados en la Federación de Rusia desde hace años, sin que haya sido posible traerlos a la Audiencia Nacional. Según dice, se han negado "lisa y llanamente" a regresar al tribunal o han huido tras comparecer en distintos momentos durante la instrucción.
Además de a estos investigados, el juez puso en busca y detención a Vladislav Matusovich, Irina Ussova, Víktor Gavrilenkov, Sergey Kouzmine, Nicolay Aulav, Arkady Buravoy, Igor Sobolevsky, Ilias Traber, Pavel Nikolaevich Kudryashov, Oleg Noskov y Antón Petrov, hijo del capo.
La Fiscalía Anticorrupción pidió el pasado enero penas de entre cinco años y seis meses y 8 años y seis meses de prisión para 27 miembros de la mafia rusa 'Tambovskaya' que participaron en una estructura asentada en España desde 1996. Desde el territorio español blanqueaban el "enorme" rendimiento económico obtenido a través de la comisión de asesinatos, palizas por encargo, contrabando o tráfico de drogas, dice el Ministerio Público.
Anticorrupción, que les acusa a todos de delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, solicita la pena más alta para el 'capo' Gennadios Petrov y sus principales lugartenientes: Alexander Ivanovich Malyshev y Olga Solovyeva. Reclama cinco años y medio para los 24 restantes miembros de la organización y multas de cien millones de euros para cada uno de ellos, un total de 2.700 millones.
La organización criminal de origen ruso actuaba en España y fue desarticulada en la operación 'Troika' desplegada en junio de 2008. Según la Fiscalía, el grupo criminal estaba integrado por individuos con antecedentes penales procedentes de Rusia, a quienes se unieron otros originarios de Estados Unidos, Suiza y otros países de la Unión Europea, que se establecieron en Baleares y la zona del Levante y la Costa del Sol.
Entre otras actividades, la red se dedicaba al asesinato, al tráfico de armas, la extorsión, la estafa, las falsedades documentales, el tráfico de influencias, el cohecho, las negociaciones prohibidas, el contrabando, el trafico de drogas, la "descapitalización" fraudulenta de sociedades, así como a llevar a cabo delitos contra la Hacienda Pública, dirigir amenazas y dar "palizas por encargo".
"UNIÓN DE EMPRESAS CRIMINALES"
Según el fiscal, el "enorme" rendimiento económico que les generaban tales actividades criminales era canalizado en España con la ayuda de asesores jurídico-financieros que trabajaban casi en exclusiva para la organización, hasta que se integraron en la "poliédrica" estructura de la 'Tambovskaya-Malyshevkaya'. Entre los acusados figuran dos abogados españoles.
"Esta asociación de ambas organizaciones puede ser caracterizada como una Unión Temporal de Empresas (UTE) criminales, con una clara división de tareas y reparto de papeles, cuyo principal objetivo en nuestro país es cohonestar los recursos económicos ilícitamente generados, integrándolos en el sistema financiero regular mediante ampliaciones de capital, préstamos intersocietarios, tránsitos desde y a paraísos fiscales e inversiones en otros países, como Alemania", prosigue.