El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha devuelto a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid la querella de dos empresarios que denunciaban las "presiones" que el subdirector de una sucursal de Bancaja en Tarragona ejerció presuntamente sobre ellos para que adquirieran acciones de Bankia como condición "implícita" a la refinanciación de la deuda que tenían contraída con la entidad.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado devuelve al juzgado de Instrucción número 15 de Madrid la querella interpuesta por los representantes de dos mercantiles que atribuyeron delitos de estafa, coacciones y daños a los representantes legales de Bankia y BFA, considerando que el subdirector "no lo hizo en interés propio, sino que recibió una orden superior que debía acatar".
Andreu explica en su auto que estos hechos que, de modo "ciertamente artificioso" se dirigen contra estas entidades, no guardan "ninguna conexión" con el procedimiento abierto en su juzgado por la fusión y salida a Bolsa del 20 de julio de 2011 y recuerda que se ha expuesto "hasta la saciedad" en "muy numerosas resoluciones" que la investigación gira en torno al presunto maquillaje de las cuentas de Bankia.
"MÚLTIPLES CONDUCTAS DETRÁS DE LAS OPERACIONES"
El juez explica que esa querella se refiere a "unas presuntas coacciones para adquirir acciones que, aun en la hipótesis de que hubieran sido orquestadas desde la más alta dirección de la entidad, se habrían producido en otro momento y circunstancias bien distintas" y precisa que los empresarios fechan los hechos en noviembre de 2011.
Así las cosas, el magistrado rechaza "categóricamente" la inhibición planteada por el juzgado de Instrucción, al argumentar que la causa abierta en la Audiencia Nacional "no abarca las múltiples y muy variadas conductas que se encuentran detrás de incontables operaciones bancarias y financieras celebradas por Bankia o alguna de las siete cajas de ahorro".
En julio de 2012, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, imputó al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a una treintena de antiguos miembros del Consejo de Administración, así como a Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas por indicios de delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.