El colectivo anticorrupción ADI! ha advertido de que no descarta recurrir a la vía penal para esclarecer un presunto "trato de favor" a un empresario durante su etapa al frente del Gobierno municipal de Vitoria del actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y del vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto.
Este grupo ha defendido la necesidad de "desenmascarar" al ministro y a Maroto por lo que ha anunciado que estudia la vía penal, al margen de la vista previa a la que ambos se enfrentan este lunes en el Tribunal de Cuentas.
ADI! se ha referido así, a través de un comunicado, a la vista previa que celebra este lunes por el llamado 'caso San Antonio', en el que se investiga el presunto "perjuicio" a las arcas públicas causado por Alonso y Maroto, así como por otros concejales del PP, por la firma de un contrato de alquiler a un precio considerado muy superior al de mercado.
El contrato, firmado en 2007 por el Gobierno municipal, en el que Alonso era alcalde y Maroto, concejal de Hacienda, obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de veinte años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros. El Tribunal de Cuentas ya ha impuesto una fianza conjunta de medio millón de euros a Alonso, Maroto y al resto de ediles por el presunto "perjuicio" causado a las arcas públicas.
ADI! se ha felicitado por el proceso abierto en el Tribunal de Cuentas del Estado. No obstante, ha lamentado que en esta investigación no se analiza el "trato de favor" que, según las conclusiones a las que llegó una comisión de investigación del Ayuntamiento de Vitoria, otorgó el Ejecutivo municipal del PP al empresario Gonzalo Antón.
INDICIOS
El colectivo anticorrupción ha recordado que esto se debe a que el Tribunal de Cuentas "no va a entrar en el fondo de la cuestión" ni va a "poner en cuestión" la firma del referido contrato, sino que "se va limitar a resolver si una vez firmado el acuerdo de alquiler, el Ayuntamiento ha sido escrupuloso en los pagos de las rentas". De todas formas, ha destacado que todos los indicios "apuntan que no ha sido así".
Por todo ello, ha advertido de que no se "conformará" con esta investigación en el órgano fiscalizador del Estado. Esta asociación ha anunciado que pondrá todo su "empeño" en que se aclare este "trato de favor a un particular" que ha supuesto un "perjuicio" para el resto.
"No descartamos ninguna vía para el esclarecimiento de los hechos y que sus responsables asuman lo que les corresponda", ha avisado. ADI! Ha recordado que la vía penal "no está ni
muchos menos cerrada en este asunto". Esto se debe a que aunque en su día la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Álava descartó entrar a estudiar este asunto, lo hizo porque ya estaba siendo investigado por el Tribunal de Cuentas.
"SACAR LAS VERGÜENZAS"
Sin embargo, tal y como se apuntó desde el propio Ministerio Público, esto no implica que ante la eventual presentación de una denuncia penal fundamentada, no pueda a abrirse una investigación penal. "El camino no es fácil, pero a la sociedad civil sólo nos queda organizarnos y trabajar para desenmascarar a los políticos que entorpecen con medios públicos el control de su gestión por la ciudadanía", ha afirmado esta asociación.
Adi! Ha destacado la necesidad de "abrir las puertas de las entidades públicas y sacarles sus vergüenzas al medio de la plaza". Este, a su juicio, es "el mejor aviso a los gestores de lo público
y una necesidad ineludible en una sociedad avanzada que pretende ser dueña de su futuro".