El Ministerio Público acusa a Cotino de cuatro delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la Administración Pública, cohecho pasivo y prevaricación continuada, mientras que solicita que sea inhabilitado durante 10 años para el ejercicio de la función pública.
En su escrito, el fiscal asegura que "pese a no ostentar cargo alguno en la Fundación de la Comunidad Valenciana V Encuentro Mundial de la Familia ni formar parte de sus competencias como conseller, impulsó activamente y gestionó 'de facto' la contratación objeto de investigación".
Según Anticorrupción, Cotino, en común acuerdo, con el exdirector de Canal 9 Pedro García Gimeno y los principales cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo, actuó para que la contratación de la red se realizara a través del ente público RTVV a fin de realizar el "pago con cargo a fondos públicos".
El juez De la Mata propuso sentar en el banquillo a Juan Cotino y a otra veintena de acusados, al entender que el exconsejero de la Generalitat actuó como "factótum" y elemento nuclear" en la contratación de la red de Francisco Correa.