La Fiscalía Anticorrupción investiga si el pago de más de 100.000 euros por parte del gobierno balear a distintos proveedores que prepararon la presentación de una Ópera en Palma que no llegó a ver la luz, se fraccionó en una decena de contratos menores -de entre 9.000 y 12.000 euros aproximadamente- para que éstos pudieran ser adjudicados de forma directa y sin concurso, según han informado fuentes jurídicas.
Al respecto han sido interrogados a lo largo de esta mañana un total de cinco testigos, quienes han prestado declaración ante el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, el fiscal Pedro Horrach, la Abogacía del Govern y el abogado del expresidente del Govern Jaume Matas.
Los declarantes han señalado que realizaron diversos trabajos de montaje, control técnico e instalación -de una carpa y una tarima- de cara a la presentación del palacio de la Ópera, un acto que, han explicado, finalmente no se llevó a cabo debido a que horas antes así lo había prohibido la Junta Electoral en 2007 ante la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales de ese año.
La Ópera fue proyectada al término de la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007), y la elaboración de su anteproyecto fue adjudicada al arquitecto Santiago Calatrava, quien cobró 1,2 millones de euros públicos por este trabajo. Según varios testigos, fue Matas quien dio la orden de contratar directamente al artista valenciano y quien fijó el precio que se le debía abonar.
Mientras tanto, Castro ha suspendido esta mañana la declaración que había prevista de la que fuera secretaria general técnica de la Conselleria de Vicepresidencia durante ese mandato, Jane King, que estaba citada como testigo y quien finalmente ha sido emplazada a comparecer como imputada el próximo día 14, por su presunta vinculación con el fraccionamiento de los contratos.