La Audiencia Nacional ha aplazado la declaración que tenía previsto tomar al exjefe político de ETA Aitor Elizarán, después de que el padre de uno de los dos últimos guardias civiles asesinados por la organización terrorista haya recusado a la magistrada Carmen Lamela al considerar que ha dado un trato de favor al etarra y no es imparcial por haber sido asesora del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la época de la negociación con la banda.
El padre de Carlos Sáenz de Tejada, asesinado a los 28 años en el cuartel de Palmanova el 30 de julio de 2009, presentó el pasado viernes el incidente de recusación, al que se unirá este martes el progenitor del otro agente que falleció en el atentado, Diego Salvá.
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, José Antonio Sáenz de Tejada alude a varios hechos "sobrevenidos" que, a su juicio, acreditan una "clara parcialidad" y una "desigualdad de trato con ruptura de la igualdad de armas" por parte de la jueza que procesó a Elizarán por delitos de lesa humanidad relacionados con la comisión de cinco atentados, entre ellos el de su hijo.
A su juicio, el cargo que ocupó Lamela como asesora del exministro socialista de Justicia Mariano Fernández Bermejo ocasiona un "posible prejuzgamiento en torno a estas materias de las que habría podido conocer anteriormente en su anterior actividad gubernamental, formando un criterio previo" y apunta a una "afinidad ideológica o personal" con dicho Ejecutivo.
Sáenz de Tejada expresa que tanto él como Antonio Salvá tienen un "fuerte temor" a que la instructora no sea imparcial, algo que no sintieron cuando el asunto estuvo en manos de los magistrados Javier Gómez Bermúdez, Eloy Velasco o Juan Pablo González.
"TRABAS" A LOS PADRES DE LAS VÍCTIMAS
Dicho esto, denuncia que el pasado 11 de diciembre hubo un "entendimiento" entre la magistrada y la abogada del procesado en virtud del cual este se iba a "entregar de forma inminente, ese mismo día, en el domicilio familiar y el día hábil inmediatamente posterior, el lunes 14, iba a ser conducido ante el juzgado".
Tras ello, la jueza pidió a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para acudir al domicilio de Elizarán, donde no se le halló tras haber sido expulsado el 4 de diciembre por Francia tras cumplir su condena. Sin embargo, el recurrente denuncia que estos hechos no fueron puestos en conocimiento de las partes personadas en el procedimiento y solicita que se le de traslado de este oficio.
"Tampoco, al parecer, merecían los letrados de las acusaciones idéntica llamada telefónica informativa del mismo modo que con la mantenida con la letrada del procesado para informarnos de las nuevas circunstancias", prosigue, para criticar que el juzgado tampoco esperó media hora a que los abogados pudieran personarse el pasado 15 de enero, cuando Elizarán se presentó voluntariamente en la Audiencia Nacional.
Según resaltan, se trata de una causa con un "valor vital y decisivo para acabar con la impunidad de cientos de casos todavía sin resolver de ETA, y de miles de expulsiones forzadas de población ni tan siquiera enjuiciadas nunca, y en la lucha de las víctimas por verdad, justicia y reparación".
Este incidente de recusación ha provocado el aplazamiento de la declaración indagatoria y la 'vistilla' a la que había sido citado Aitor Elizarán para participar este martes en una comparecencia en la que las acusaciones ejercidas por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ), la Fundación Luis Portero y los padres de los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvà podían pedir medidas cautelares en su contra.
Elizarán se presentó voluntariamente el pasado viernes en la Audiencia Nacional, de donde salió en libertad provisional con comparecencias quincenales en el juzgado más próximo a su domicilio. La magistrada ordenó retirarle el pasaporte y le prohibió abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 dejó además sin efecto la orden de detención que fue cursada el pasado 5 de diciembre por el juez José de la Mata mientras se encontraba realizando funciones de guardia contra Elizarán, que había sido expulsado el día anterior por el país vecino tras cumplir su condena.
Según su auto, la situación "ha cambiado" desde entonces porque Elizarán ha comparecido voluntariamente en el juzgado y ha designado un domicilio a efectos de localización. Además, recordó que no se le había notificado la existencia de este procedimiento, ni había sido citado por el juzgado, por lo que "no puede afirmarse con rotundidad que la intención del mismo fuera sustraerse a la acción de la Justicia".
SE LE ATRIBUYEN CINCO ATENTADOS
Elizarán fue procesado en octubre por el antecesor de Lamela, Juan Pablo González, junto a otros cuatro antiguos jefes dse ETA por lesa humanidad. Su sucesora en el Juzgado Central de Instrucción número 3 desgajó en diciembre la causa ante la ausencia de "nexos de conexidad" entre los distintos atentados investigados.
En concreto, Aitor Elizarán está procesado por lesa humanidad, delito que lleva aparejada la pena de prisión permanente revisable, por su participación en cinco atentados. En concreto, los cometidos contra el brigada del Ejército de Tierra Luis Conde, el empresario Ignacio Uria, el inspector de Policía Nacional Eduardo Puelles y los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá.
Elizarán estaba considerado el máximo responsable político de ETA cuando fue detenido, junto a su compañera Ohiane San Vicente, en Carnac (Bretaña francesa) en octubre de 2009. Además, era miembro del comité ejecutivo de ETA y el encargado de transmitir las instrucciones de la organización terrorista a la 'izquierda abertzale'.