En declaraciones a los periodistas tras declarar durante hora y media ante la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz, el consejero ha recalcado que el Colegio de Arquitectos de Sevilla, que denunció el asunto, no se ha personado en la causa, por lo que ha respondido a las preguntas del instructor, el magistrado Juan Ruiz Rico, de la Fiscalía y de su propio abogado.
El consejero ha reiterado que todo el proceso estuvo presidido por "actuaciones regulares y legales", "conocidas y vigiladas por todos los procedimientos administrativos, normales y convencionales en una administración pública tan grande como es la universidad".
"En ningún caso", según ha dicho, se produjo un "menoscabo" al dinero público, sino todo lo contrario, ni se afectó a la obra prevista. "Esto no es una cuestión que para nada afecta a la obra, es un problema de discusión sobre asesorías técnicas y que corresponden a momentos distintos en la universidad, donde se tomaban decisiones que no estaban conectadas las unas con las otras, de tal manera que el relato correcto es perfectamente sostenible como una actuación normal", ha indicado.
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