El presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, estudia la posibilidad de recusar a los magistrados de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que admitieron a trámite la querella interpuesta por Dignidad y Justicia por las declaraciones que realizó tras una operación de la Guardia Civil contra el entorno de presos de ETA, en las que emplazó a dar "jaque mate" al instituto armado.
El auto de admisión a trámite del 25 de mayo, fue apoyado por los magistrados Juan Luis Ibarra (presidente del TSJPV), Antonio García y Roberto Sáiz, y contó con dos votos particulares discrepantes de Nekane Bolado y de Borja Iriarte.
En declaraciones a Radio Vitoria, recogidas por Europa Press, Arraiz ha anunciado que estudia recusar a los jueces que respaldaron la tramitación de la querella porque, en su resolución judicial, "lo que están haciendo es ya sentenciar" el caso.
Para el líder de Sortu, se trata de "un procedimiento completamente contaminado, que evidencia una animadversión hacia la persona a al que va dirigida", es decir, contra su persona. "Creo que es bastante evidente", ha aseverado.
AUTO DEL TSJPV
La Sala Civil y Penal del Tribunal de Justicia del País Vasco admitió el 25 de mayo a trámite la querella presentada por Dignidad y Justicia contra Hasier Arraiz, por supuestas injurias contra la Guardia Civil, por su emplazamiento a dar "jaque mate" al instituto armado y acusarle de ser "una amenaza violenta" como instrumento de "un Estado terrorista" durante sendas ruedas de prensa celebradas el 12 y el 14 del pasado mes de enero, tras un operativo contra abogados de ETA.
El Tribunal considera que las declaraciones, de "extrema gravedad", son "objetiva y claramente injuriosas", y que, por ello, son subsumibles en el tipo del artículo 504.2 del Código Penal. Sin embargo, cree que "no integran" el delito del artículo 543 del Código Penal de "ultraje a España", tal como alegó la asociación presidida por Daniel Portero.
En este sentido, recuerda que el querellado se refirió a la Guardia Civil como "una amenaza violenta, un instrumento represivo de un Estado terrorista y vengativo, y como un Cuerpo reñido con reñido con un escenario de paz y democracia en Euskal Herria".
De esta forma, le atribuye "la decisión de las detenciones y de la operación realizada, que aseveró formaba parte de una política penitenciaria criminal cuyo único objetivo es quitar todo tipo de apoyo y sustento a los 'presos políticos vascos', y también que no tenía más sentido que la venganza y el robo".
Tras aseverar que las manifestaciones de Hasier Arraiz son "de extraordinaria gravedad" porque se refiere al instituto armado "en términos ignominiosos, vejatorios e infamantes, asegura que "no ofrece duda, en principio, de su intención denigratoria".
"Ésta queda demostrada, básicamente, por el carácter cerrado, apodíctico y absolutamente descalificatorio de su discurso. El querellado no critica la operación en sí misma, no analiza la actuación o el proceder exhibidos en la ocasión por la fuerza actuante", apunta.
A su juicio, "la crítica de la operación, en el marco global del discurso desarrollado", pretende "la descalificación apriorística plena y sin paliativos de la Guardia Civil, y ello, simple y llanamente, por lo que es, un Cuerpo de seguridad del Estado".