La petición de esta medida de gracia fue efectuada después de que la Audiencia denegase sustituir por multa los nueve meses de cárcel, dejando así al exjefe del Ejecutivo balear la única posibilidad de solicitar el indulto tras haber agotado ante la justicia balear las vías de que disponía para evitar su ingreso.
En su petición de indulto, la defensa del expresidente alega que su encarcelamiento conllevaría "efectos desocializadores" sobre él y "en nada serviría para conseguir una supuesta reinserción social o reeducación", finalidad a la que, abunda, deben ir dirigidas las medidas privativas de libertad.
Se da la circunstancia, no obstante, de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, adelantó en diciembre que 'a priori' no aprecia razones de "justicia, equidad o interés público" que justifiquen la concesión del indulto al exministro, recordando que el Gobierno "jamás" ha concedido un indulto por tráfico de influencias.