El 'caso Pallerols' se juzgará después de 15 años de instrucción y, comenzando el 7 de enero, tiene previsto acabar el 17 de abril después de unas 54 sesiones en la Audiencia de Barcelona, tal y como ha publicado este jueves el Diario de Girona.
El caso se destapó después de que un informe de la Guardia Civil revelase que la Consejería de Trabajo, dirigida entonces por el democristiano Ignasi Farreres, había otorgado subvenciones por más de 8 millones de euros a tres empresas de Fidel Pallerols para realizar cursos ocupacionales cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
Según el escrito de acusación del fiscal Fernando Rodríguez Rey, se produjo una "confluencia de intereses": Pallerols y su mujer, María de la Cruz Guerrero, vieron la oportunidad de incrementar la actividad de sus empresas y sus subvenciones, mientras que el entonces director de Empleo de la Generalitat, Lluís Gavaldà, y su colaborador, Santiago Vallvé, vieron la oportunidad de desviar fondos a su partido, UDC, además de cobrar del empresario.
El fiscal considera que entre otros querían conseguir que un 10% del importe total anual de los fondos que percibían las empresas de Pallerols en concepto de subvenciones fuera "desviada" a fines ajenos a las actividades formativas.
Por todo ello, pidió nueve años de cárcel para Gavaldà, otros nueve para la entonces número dos del departamento, Dolors Llorens, por un presunto delito de malversación de caudales públicos y cohecho.
Para Pallerols pidió 11 años de prisión, ocho para su esposa; once años para Vincenç Gavaldá, hermano de Lluís y que había sido secretario de organización de UDC, y siete años de cárcel para Santiago Vallvé.