En el auto con el que de forma unánime las tres magistradas encargadas de juzgar el caso Nóos han rechazado aplicar la doctrina Botín a la hermana del Rey Felipe VI recalcan de haber un perjudicado concreto y específico por los presuntos delitos fiscales cometidos "no sería con carácter exclusivo un determinado organismo público que monopolice" el quebranto.
Y ello porque este tipo de actuaciones delictivas "comprometen la consecución de las finalidades de la política económica y social que deben ser garantizadas en un Estado Social y Democrático de Derecho".
(HABRÁ AMPLIACIÓN)