Franco se sumó así a otros referentes del propio Gobierno como el ministro de Interior, Rafael Filizzola, que objetó la rehabilitación y posterior designación, el 23 de febrero pasado, del coronel Lorenzo Benítez Liseras como jefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea.
Benítez Liseras fue apresado en julio de 2005 en la provincia argentina de Corrientes después de un aterrizaje de urgencia de la avioneta que pilotaba.
Las autoridades argentinas se incautaron de la aeronave 1.659 cajas de cigarrillos.
El militar, que había sido dado de baja por ese hecho, fue procesado y condenado a cuatro años de cárcel, pero al cabo de dos años logró la libertad condicional, regresó al país y se presentó a su unidad.
Franco, del principal partido de la coalición gobernante, afirmó a periodistas durante un acto público que Benítez Liseras "no puede servir a las Fuerzas Armadas y al contrabando", por lo que aseveró que "es importante que él (Lugo) y las autoridades (militares) aclaren de qué se trata esto".
"Si es un contrabandista merece un castigo y si no lo es hay que reconocer y aceptar las disculpas por todo lo que se ha insinuado con respecto a esta persona", indicó Franco, al reiterar que tanto Lugo como los mandos militares deberían "aclarar en la brevedad posible y tomar una decisión adecuada a derecho".
El militar fue visitado por Lugo el pasado jueves, el mismo día en que sus antecedentes fueron aireados por la prensa local, lo que también motivo duras críticas de dirigentes de la oposición, entre ellos el general retirado Lino Oviedo.
El ex jefe del Ejército, líder del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE), tercera fuerza política del país, dijo que el gobernante debería emplear mejor su tiempo y que ni el ex dictador Alfredo Stroessner visitaba a un militar en la situación de Benítez Liseras.
Por su parte, el también opositor Partido Patria Querida (PPQ) emitió un comunicado en el que calificó el caso como "una burla de la legalidad" y el senador de esta organización, Marcelo Duarte, anunció que promoverá en el Congreso acciones para exigir una aclaración.