Barbero ha argumentado que en este momento se produce "una contradicción entre dos marcos legales vigentes", la Ley de la Comunidad de Prevención de las Drogodependencias (Ley Antibotellón) y la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza).
La primera es más dura en cuanto a las sanciones, con multas de 500 euros para los menores y de 600 en el caso de mayores de edad. Además no permite acciones compensatorias. La segunda norma incluye sanciones de entre 100 y 300 euros y sí permite dichas acciones. Es en este marco en el que se ampara el Ayuntamiento para sacar adelante la alternativa a la sanción dirigida a menores de edad.
Barbero ha remarcado que la ley regional y sus sanciones "no está dando los resultados disuasorios" esperados dado que el botellón es una práctica propia del tiempo libre de los jóvenes de entre 14 y 25 años que "no pierde vigor". El delegado ha detallado que entre 2012 y 2015 se impusieron 80.000 multas por beber alcohol en la calle.