En rueda de prensa, el regidor socialista ha manifestado que los hechos se remontan a mayo de 2015, cuando el Ayuntamiento --entonces gobernado por el PP-- realizó una serie de contrataciones, concretamente ocho, "a cargo de unos fondos del Estado que eran finalistas para la restauración de unos espacios libres" de la ciudad y que debían tener tres meses de duración.
Sin embargo, a causa de que uno de estos trabajadores acudiese a pedir "un adelanto de su nómina" --con posterioridad al cambio en el gobierno municipal tras la moción de censura presentada en noviembre por PSOE, PA a IU--, se percataron desde Intervención de que esa persona no debía estar contratada ya por el Ayuntamiento con cargo a dichos fondos finalistas.
Así, Intervención emitió "inmediatamente" un informe en el que se dejaba claro que "ha habido fraude de ley en la contratación y desvío de fondos", ya que la obra para la que se habían concedido "no se había realizado". De hecho, según el alcalde, la obra se está realizando actualmente con cargo a los planes de empleo de la Junta de Andalucía.
Por todo ello, el equipo de gobierno actual puso el pasado viernes los hechos en conocimiento de la Fiscalía, al considerar que pueden ser constitutivos de delito.
"DESCONTROL Y DESPILFARRO"
El alcalde ha criticado el "descontrol y el despilfarro" con el que ha venido actuando el gobierno municipal anterior, apuntando que en las contrataciones de estas ocho personas "no se han seguido los criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".
En su opinión, es un "claro 'modus operandi' que tenía el Ayuntamiento", recordando en este punto que Juan Andrés Gil ha sido recientemente condenado por prevaricación por el Juzgado de lo Penal número 2 de Algeciras a siete años de inhabilitación "por un tema similar de contratación".
Según ha indicado, el nuevo equipo de gobierno ha puesto fin a este tipo de situaciones, realizándose ahora las contrataciones "a través de bolsa de trabajo y de oferta pública de empleo".
Ruiz ha criticado el proceso de contratación "oscurantista" del anterior gobierno local en una fecha "clave" como fue mayo de 2015, cuando se celebraron elecciones municipales.
Finalmente, ha lamentado que el Ayuntamiento de Tarifa tenga que "pagar los platos rotos" por estas presuntas irregularidades, haciendo frente a "los tres meses de subvención y al tiempo en el que estas personas no tenían que haber seguido trabajando en función de este fondo finalista".