La orden prevé que los municipios que quieran establecer colaboraciones en materia policial deberán tener continuidad geográfica, no disponer de recursos suficientes para sufragar una policía local propia, que sean de la misma comarca y que alguno de ellos tenga un servicio policial básico previo.
Los municipios interesados deberán suscribir un acuerdo de colaboración en el que debe constar, entre otros aspectos, quién ejercerá la autoridad policial y el proceso de designación del responsable, sus funciones y régimen de funcionamiento.
También debe aparecer la composición y funciones de la comisión directiva, integrada como mínimo por una persona de cada municipio, que deberá velar por el cumplimiento del acuerdo, y establecer un órgano de coordinación policial, con los jefes de la policías locales y de las comisarías de los Mossos d'Esquadra, que deberá asegurar el intercambio de información y la coordinación operativa.
El texto del acuerdo deberá contener la determinación de los medios materiales, humanos y tecnológicos, así como las posibles transferencias económicas entre los miembros si así se acuerda, además de fijar la vigencia del acuerdo, indefinida o temporal, y las reglas generales de funcionamiento, entre otros aspectos.
Según consta en la orden, los municipios no podrán suscribir más de un acuerdo de colaboración para la prestación de los servicios de policía local, y para hacer efectivo el acuerdo es necesaria la autorización de la Consejería de Interior, que si es positiva, deberá publicarse en el Dogc.
AYUNTAMIENTOS QUE LO APLICAN
Antes de la publicación de esta orden, algunos ayuntamientos ya han empezado a compartir estos servicios, como los de Santa María y Sant Esteve de Palautordera; Sant Fruitós, Sallent y Santpedor, y los pueblos de La Vall de Tenes, según indicó el consejero de Interior, Felip Puig, en una rueda de prensa a finales de julio.
Según el consejero, "hay muchos municipios interesados en optimizar recursos compartiendo policías y vigilantes locales", y por ello, se están planteando si podría ampliarse a poblaciones más grandes, algo que el Ministerio del Interior podría contemplar en futuras modificaciones legislativas.