La juez de instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, está estudiando si atiende a la petición del PP de archivar la causa por el borrado de los dos ordenadores que utilizó Luis Bárcenas o si atiende al escrito de respuesta del extesorero del PP en el que rechaza este extremo, calificando a su anterior partido de proceder en este asunto de una forma "sesgada" y "temeraria".
"Sin acreditación contable ni administrativa, la aportación de facturas que se realiza en el escrito de solicitud de sobreseimiento es poco menos que temeraria", asegura la defensa de Bárcenas en un escrito de 22 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que contesta a la petición del 4 de mayo formulada por el PP. El extesorero insiste en que el borrado de sus dos ordenadores debe ser investigado judicialmente por concurrir los delitos de encubrimiento y de daños informáticos.
Tras la acusación de Bárcenas, que sostiene que el PP eliminó de sus ordenadores documentos que acreditarían la contabilidad B del partido presidido por Mariano Rajoy, la juez citó como investigados a la gerente de la formación, Carmen Navarro, y Alberto Durán, el asesor jurídico que se encargó de supervisar el borrado de los archivos formateando el contenido en hasta 35 ocasiones. También mantiene como investigado al Partido Popular como persona jurídica.
"Recogiendo de forma sesgada las manifestaciones de los investigados", sostiene la defensa de Bárcenas, "pretende ofrecer una apariencia de ausencia delictiva que contrasta con los evidentes indicios de criminalidad que concurren en el caso que nos ocupa". Son estos indicios de criminalidad los que están siendo analizados actualmente por la juez Rosa María Freire, quien, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, aún no ha tomado una decisión sobre si prosigue con la investigación.
Bárcenas insiste en que los dos ordenadores borrados, uno de la marca Toshiba y otro Apple, eran de su propiedad, pero precisa que lo que se instruye en la presente causa es "la destrucción de unos archivos y ficheros informáticos y no la sustracción de los equipos". No obstante, hace hincapié en las contradicciones entre el actual responsable de informática del PP, José Manuel Moreno, y su antecesor Javier Barrero, despedido del partido el pasado mes de abril.
"El testigo señor Barrero declaró que él compraba los equipos, todos los equipos del Partido Popular, y que tales ordenadores no fueron comprados por el Partido Popular", recuerda la defensa de Bárcenas. Sobre el protocolo de borrados precisa que es "un acto 'ex post' buscado para justificar una acción injustificable".
"JUSTIFICAR UN ACTO INJUSTIFICABLE"
Esta acción "injustificable" de borrar los discos duros se habría efectuado, continúa el escrito, "con pleno conocimiento de la existencia de un procedimiento penal contra el señor Bárcenas, siendo el Partido Popular parte del procedimiento, de modo que, ningún protocolo puede justificar la decisión del borrado y destrucción de unos discos".
De esta forma, subraya la responsabilidad de los dirigentes del PP en un delito de encubrimiento, al actuar a espaldas del Juzgado Central de Instrucción Número 5 que, ya por entonces, investigaba la posible contabilidad B del PP.
Bárcenas recuerda que una parte de los archivos del Toshiba fue entregada al juez Pablo Ruz en un pendrive, algo que no pudo hacer con el contenido de su ordenador Apple. "¿Por qué el Partido Popular manifiesta que no tenía información, y procede, entonces, a la destrucción del disco duro que nunca se utilizo? Si los ordenadores eran del Partido Popular, ¿por qué sustituyen un disco duro que dicen que estaba vacío y era de su propiedad?", se pregunta.