El narco arousano Raúl Francisco B. ha justificado este jueves en su declaración ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra sus elevados ingresos alegando que procedían del furtivismo, ya que ganaba unos 2.500 euros cada mes como furtivo, según ha concretado.
Raúl Francisco B., vecino de Ribadumia, de 38 años, se ha sentado en el banquillo acusado de un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, acusación que trató de rebatir argumentando que trabajaba "de día en el bar de su primo y de noche, iba a las vieiras".
Su pareja, Ángeles L., que durante una temporada fue la dueña del Bar Cortiso, en el que trabajó el acusado, señaló que entre el bar y su trabajo como "marinero", ganaban unos 6.500 euros al mes. Sin embargo ni él ni ella recuerdan en qué gastaban el dinero. "Ahorrábamos y gastábamos pero no lo recuerdo", ha manifestado la mujer.
El informe de la Agencia de Vigilancia Aduanera señala que durante casi una década Raúl Francisco B. ni estaba contratado como camarero, ni era legal el dinero del furtivismo. "También estuve en el paro y trabajando", añadió el acusado.
Su madre completó las explicaciones apuntando que el dinero siempre lo tuvieron en casa en lugar de en bancos. Además, precisó que fueron los padres quienes abonaron el pago de la entrada de su casa que compró en Ribadumia (Pontevedra).
PRISIÓN
El acusado se mostró contrariado por la insistencia del fiscal en su interrogatorio por saber el origen de los movimientos económicos, reprochándole que en el año 2007 no pudo hacer movimiento bancario alguno porque estaba en la prisión de Teixeiro.
La Audiencia Provincial de Pontevedra ya había condenado en otra ocasión al acusado a la pena de tres años de prisión como autor de un delito contra la salud pública. Además, el procesado tiene otras dos causas pendientes por sendas operaciones de tráfico de drogas en las localidades coruñesas de Boiro y en Noia, que se encuentran en fase de instrucción.
El fiscal entiende que estos hechos son constitutivos de un delito continuado de blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas, por el que solicita que se le imponga una pena de cinco años de prisión con una multa de 125.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un año de prisión.
Finalmente, pide el comiso definitivo y adjudicación al Estado, a través del Fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, de los 42.230,80 euros blanqueados.
La defensa solicitó la libre absolución del acusado por falta de pruebas y alegó la vulneración de derechos fundamentales de su defendido.