Este proyecto --que no llegó a construirse por la crisis económica y por el que Calatrava cobró 2,7 millones de euros-- fue el resultado de un convenio del Ayuntamiento de Castellón y la Generalitat Valenciana por el cual el consistorio ofrecía el suelo y la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) encargaba el diseño, según han apuntado a Europa Press fuentes del entorno.
En este sentido, afirman que todo el proyecto se realizó a través de los "trámites legales" que corresponde en todos casos y aseguran que la SPTCV rechazó una propuesta de proyecto "que estaba por encima en precio del inicialmente previsto".