Fuentes de la investigación informaron a Efe de que Carlos Morales está imputado por tráfico de influencias y delito contra la ordenación del territorio en el marco de la "operación Unión", en la que ya han sido detenidas veinte personas, entre políticos, funcionarios y empresarios.
Estos delitos estarían relacionados con su actividad como representante de la empresa "Promociones Conjunto La Vereda S.L." y como administrador único de "Ikos Island", según las fuentes.
El despacho de arquitectura de Morales, situado en Puerto Calero, fue registrado por la Guardia Civil el pasado día 25, durante la primera fase de la operación contra esta red que se dedicaba al cobro ilegal de comisiones a empresarios a cambio de gestiones administrativas.
El interrogatorio a Carlos Morales se centró en torno a su participación en el Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife de Lanzarote y, en concreto, en su posible participación en construcciones en suelos no urbanizable, dijeron a Efe fuentes de la investigación.
La declaración del arquitecto tuvo lugar en el cuartel de la Guardia Civil en Costa Teguise, donde ha instalado su centro de operaciones el grupo de la Unidad Central Operativa que lleva a cabo la investigación.
Desde que se rumoreó la presencia de Morales en el cuartel, numerosos periodistas, cámaras y fotógrafos acudieron a las puertas del edificio policial para intentar captar imágenes y declaraciones sobre el imputado policial.
Sobre las 13:00 horas, el arquitecto lanzaroteño salió del cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise (Lanzarote).
Morales, que no hizo declaraciones, abandonó el lugar en coche desde el aparcamiento interior de las dependencias policiales, montado en el asiento de copiloto del automóvil de su abogado, informaron a Efe testigos presenciales.
Durante la jornada de hoy, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Manuela Armas (PSOE), decretó el cese de los consejeros del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), entre ellos el vicepresidente Fabián Martín, hijo de Dimas Martín, líder de esa fuerza, tras la operación anticorrupción desarrollada en Lanzarote.
De esta forma, Manuela Armas ha cumplido el mandato de la ejecutiva insular del PSOE, que acordó anoche dar por roto el pacto de gobierno que mantenía con los insularistas en varias instituciones de la isla.
Desde el PIL, por su parte, el secretario de organización del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Fabián Martín, acusó al PSOE de exigirle que se "inmolara políticamente y abandonara la política" a cambio de mantener los pactos de gobierno en cinco instituciones de la isla.
Martín aseguró que el detonante de la ruptura ha sido su comparecencia ante la Guardia Civil para declarar como imputado por tráfico de influencias en la operación Unión, que investiga una trama de corrupción en la isla.
Desde que se inició la operación han sido detenidas una veintena de políticos, cargos públicos, funcionarios y empresarios.
Entre ellos figura el líder del PIL, Dimas Martín, presunto cerebro de esta trama dedicada al cobro de comisiones ilegales, quien se encuentra en prisión cumpliendo ocho años de cárcel por otros delitos y ahora ha sido imputado, y decretada de nuevo su prisión, por delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Varias políticos del PIL están en prisión o imputados en esta operación, entre ellos el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrecife, Ubaldo Becerra, y el ex concejal de Urbanismo y Hacienda, José Miguel Rodríguez.
Ambos fueron cesados por el alcalde socialista tras sus detenciones.
También hay varios socialistas entre los detenidos, entre ellos el ex vicepresidente del Cabildo de Lanzarote Segundo Rodríguez, un histórico del PSC-PSOE.
De los veinte detenidos en la operación, el juez ha decretado el ingreso en prisión de siete de ellos, y los otros trece han sido puestos en libertad con cargos de corrupción.
Ayer la Guardia Civil tomó declaración como imputados a otros cuatro cargos públicos: el vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, Fabían Martín (PIL), hijo de Dimás Martín; el consejero socialista de Educación y Cultura, Rubén Placeres, quien anunció su dimisión tras ser citado, y los alcaldes de Yaiza (PIL) y Tinajo (CC), Gladys Acuña y Jesús Machín, respectivamente.