En un auto de 500 folios, el juez Castro les informa de que tienen cinco días hábiles para abonar la fianza desde el momento en el que se les notifique.
Asimismo, señala que pueden responder a la caución de manera subsidiaria, de manera que se pueden repartir el pago de la misma o bien alguno de los afectados podría abonar el importe total de la fianza.
En caso de que no pagaran los 8,1 millones de euros, se les embargaría los bienes hasta cubrir la cuantía de la fianza que se les ha impuesto.
Por otro lado, el magistrado pide a Urdangarin y Torres que le comuniquen si tienen antecedentes penales, por si hubiera que aplicarles la agravante de reincidencia.
Cabe recordar que el pasado 21 de noviembre, la Fiscalía Anticorrupción presentó ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma su escrito de responsabilidad civil en el que solicita una fianza de 8.189.448 euros para Urdangarin, Torres y las empresas administradas por ambos imputados y a través de las cuales presuntamente desviaron los fondos públicos y privados que obtuvieron a través del Instituto Nóos.
El fiscal Pedro Horrach solicitó de este modo que se abriera una pieza separada de responsabilidad civil.
En concreto, las mercantiles a las que la Fiscalía extiende su petición son Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la Infanta es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de la causa junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Govern balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.
Por su parte, el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, también presentó ese mismo día su escrito, de 30 páginas, en el que pidió la misma cantidad y detalla la forma en que "se disfrazó a Nóos con la careta del ánimo de lucro", a pesar de que "se creó específicamente" para acceder a distintos convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas de Baleares y Valencia y de esta forma defraudar el dinero público obtenido.
Las acusaciones desglosan su petición de fianza en los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 1.044.000 millones de cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y los 382.000 euros que percibió Nóos de la Presidencia de la Generalitat Valenciana.
Asimismo, se incluyen los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears, y 2,1 millones de multa que por Ley deben exigirse (un tercio de la cantidad global solicitada).
Alegaciones contra la fianza
El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, presentó un escrito contra la fianza de 8,1 millones, en el que explicaba que el Duque de Palma únicamente tenía un papel "representativo" en el Instituto Nóos, y que los contratos firmados eran correctos.
"Nos oponemos a cualquier fianza porque mi cliente es inocente", insistió Pascual Vives, quien afirmó que en caso de que Urdangarin tuviera que hacer frente al pago de 8,1 millones de euros, no dispondría de esta cantidad en "efectivo".
Mientras, Torres, a través de su abogado, Manuel González Peeters, también presentó sus alegaciones en las que señalaba que, al no ser funcionario público, no puede ser tenido como sujeto activo de un delito de prevaricación, sino en todo caso partícipe, lo que le excluye del pago de una responsabilidad civil.
En su escrito, el exsocio del Duque de Palma afirmaba que "no es verdad" que el Instituto Nóos cometiera "acto ilícito de suerte alguna" y que, bien al contrario, su actuación "se llevó a cabo (...) con más que notable éxito, con una extraordinaria repercusión en todos los sentidos, económico, social, etc".
El duque de Palma debe prestar de nuevo declaración ante el juez el próximo 23 de febrero. Además, este martes fue imputado el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, que hace una semana aseguró que era inocente. De momento, la Casa Real no se ha pronunciado sobre esta inculpación.