El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que "difícilmente" puede entenderse que el Registro Civil vaya a ser privatizado porque los registradores son "funcionarios públicos". De hecho, ha recordado que, cuando el PSOE aprobó la ley que desjudicializa este servicio, ERC propuso que su gestión fuera asumida por los registradores y "no parece que sea un partido sospechosos de querer privatizar nada".
En una entrevista concedida a Actualidad Jurídica Aranzadi (AJA), recogida por Europa Press, Catalá recuerda que ha retomado el diálogo con el Colegio de Registradores, analiza las reformas de su departamento y advierte sobre la "sensación de desanimo" que genera la existencia de macroprocesos de corrupción que "parecen eternos" en los tribunales.
Por ello, ha apostado por "imprimir agilidad y eficacia" a las causas judiciales para acabar con la "sensación de impunidad" que genera, en su opinión, el hecho de que procesos de gran repercusión social permanezcan abiertos durante años sin que en ese tiempo se establezcan responsabilidades penales.
"En nuestro sistema procesal, las causas conexas se acumulan en una sola investigación y esto, en la práctica, desdibuja el objeto de la misma y daña la imagen de la Justicia, además de dar ventajas a los investigados por delitos económicos y de corrupción", ha explicado el ministro, para abogar por que la instrucción de asuntos complejos siga su curso "sin necesidad de una concatenación sucesiva de piezas" y fijar un plazo máximo de investigación.
REFORMA DEL ABORTO EN DICIEMBRE
Catalá ha recordado que la reforma de la ley del aborto que introducirá el consentimiento paterno en la decisión de las jóvenes de 16 y 17 años podría aprobarse en diciembre. Además, ha afirmado que no está en contra de las tasas judiciales pero tampoco quiere que puedan constituir una traba a la tutela judicial.
"Donde más ha bajado la litigiosidad ha sido precisamente en aquellas jurisdicciones donde no hay tasas. Es ahí, precisamente, en los ámbitos Penal y Social donde se acumula el 83 por ciento de los asuntos que ven los tribunales", ha añadido en referencia a los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En relación a la nueva Ley de Servicios Profesionales, el ministro ha mostrado su convencimiento de que abogados y procuradores sigan manteniendo sus diferentes funciones y ha recordado que el Gobierno ha reforzado las labores de estos últimos para equipararlos con sus homólogos europeos.
Por último, el responsable de Justicia ha mostrado su confianza en la Oficina Judicial para un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales de la Administración de Justicia y ha destacado que en enero comenzará el despliegue de la Oficina Fiscal por Ceuta y después por Melilla para, desde allí, extenderse al resto de España.