El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha emplazado al presidente de la Generalitat, Artur Más, a respetar el Estado de Derecho y cumplir las resoluciones de los tribunales y le ha advertido de que el proceso para la celebración de una nueva consulta soberanista es inconstitucional, "profundamente antidemocrático" y carece de garantías.
Ha argumentado que el proceso para la consulta del 9 de noviembre que Mas "está auspiciando" carece de garantías como un censo electoral, una junta electoral, un sistema de interventores, controles o recuentos transparentes. "El proceso además de inconstitucional es antidemocrático", ha agregado en declaraciones a los medios de comunicación.
Catalá ha hecho un llamamiento a la Generalitat catalana, a todos los gobiernos y autoridades a "respetar el Estado de derecho y a cumplir las resoluciones de las tribunales", en particular las dictadas por el Tribunal Constitucional que es a quien le corresponde interpretar nuestra norma fundamental.
Tras la suspensión del Tribunal Constitucional de la ley de consultas y el decreto de convocatoria de la consulta "no es posible que el Gobierno de la Generalitat siga desarrollando actuaciones encaminadas a conseguir un resultado equivalente" al que ese marco que se encuentra suspendido "pretendía obtener".
FUERA DE LAS COMPETENCIAS DE CATALUÑA
Catalá ha recordado que el Alto Tribunal ha declarado reiteradamente que la soberanía nacional reside en el pueblo español, formado por el conjunto de los españoles y "no en una parte de ellos", en virtud del artículo 1.2 de la Carta Magna.
Además, ha advertido de que la convocatoria que está "amparando la Generalitat con sus actuaciones, tales como una página web, coordinación de voluntarios, puesta a disposición de centros escolares o la elaboración de urnas, "está fuera de las competencias" de Mas ya que su Estatuto de Autonomía autoriza la realización de encuestas, foros de participación y audiencias públicas, "pero no un referendo como el que la Generalidad pretende realizar".
El Consejo de Estado ha avalado en el dictamen de este jueves la tesis de que existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar ante el Tribunal Constitucional la convocatoria soberanista, por lo que el Gobierno central debe ejercer las obligaciones que le corresponden "en defensa del orden constitucional y del Estado de Derecho", según ha concluido Catalá.