La ley catalana de acción exterior y de relaciones con la UE ha superado este miércoles su penúltimo trámite al aprobarse en comisión --con los votos de CiU, ERC, PSC e ICV-EUiA y el rechazo de PP y C's-- el dictamen que se aprobará en el próximo pleno del Parlamento autonómico, aunque esta votación podría retrasarse si el PP lleva el proyecto al Consejo de Garantías Estatutarias.
En el debate a la totalidad de la norma en diciembre, el conseller de Presidencia, Francesc Homs, explicó que el proyecto debe servir para "construir un verdadero servicio exterior catalán" y para ordenar y dar coherencia a los organismos que ya trabajan actualmente para la Generalitat en el exterior.
El diputado del PP Juan Milián ha criticado que el proyecto tiene poco de promoción económica de Cataluña y mucho de "internacionalización del conflicto", y ha considerado que el objetivo real del Gobierno catalán es una contrarreforma de la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Gobierno central.
Milián no ha concretado si su partido llevará la ley al Consejo de Garantías para que juzgue su adecuación al Estatut y la Constitución, pero fuentes populares han explicado a Europa Press que todo apunta a que se pedirá dictamen al órgano consultivo, que debería resolver antes de un mes.
La portavoz de C's, Carina Mejías, interpreta la ley como "un nuevo intento de crear otra estructura de Estado", y afirma que esté redactada con una pésima técnica jurídica, por lo que ha rechazado apoyarla.
CONTENIDO DE LA NORMA
En su preámbulo, el dictamen de la ley subraya que el hecho de que la Generaltiat desarrolle una acción exterior pasa a tener, con la aprobación del Estatut, "carácter obligatorio y configura un ámbito de actuación legalmente establecido".
El objeto de la norma es lograr "la máxima proyección exterior de Cataluña y de sus intereses", así como posicionarse como un actor internacional activo en materias de su competencia e interés, especialmente en lo que hace referencia a las relaciones con la UE.
La ley establece que el Govern apruebe cada cuatro años un plan estratégico y cree una comisión interdepartamental de acción exterior, y reclama al Estado que la Generalitat participe en la negociación de tratados y convenios que sean de su interés o competencia, además de definir las relaciones bilaterales con otros gobiernos.