El informe analiza la actuación de la administración central en materia inversora entre los años 2006 y 2015 utilizando como fuente datos del Banco de España y el Ministerio de Fomento. Según se desprende de sus datos, durante este periodo el esfuerzo inversor del Estado se ha centrado en la última década en las infraestructuras de tipo ferroviario y, en particular, en la construcción de las líneas de alta velocidad (AVE).
En concreto, de 2006 a 2015 el Ministerio de Fomento adjudicó obra pública en España por un importe total de 51.273 millones de euros, de los que Cataluña recibió 8.283 millones de euros, el 17,8 por ciento del total adjudicado.
Le siguen a continuación Andalucía, con el 17 por ciento y a mayor distancia Galicia (12,7 por ciento), Castilla y León (12,1 por ciento), la Comunidad Valenciana (9 por ciento) y la Comunidad de Madrid (5.4 por ciento).
El mayor peso inversor fue obra del gestor ferroviario ADIF, que adjudicó en la última década a Cataluña un 21,2 por ciento del total de su obra pública, destacando la unión de todas las capitales catalanas por línea de alta velocidad así como su conexión con la red francesa.
Tras Cataluña, en inversión ferroviaria, le siguen a distancia cuatro autonomías: Castilla y León (12,5 por ciento), Comunidad Valenciana (12,2 por ciento), Galicia (11,8 por ciento) y Andalucía (11,5 por ciento).
En el caso de AENA, el informe señala que la comunidad autónoma más beneficiada en la última década ha sido Andalucía, con un 21,8 por ciento del total de obra pública adjudicada, seguida por Cataluña, con un 17,9 por ciento. Les siguen, en orden descendente, las dos autonomías insulares, Canarias (14,1 por ciento) y Baleares (10,6 por ciento). Como quinta en el ranking aparece la Comunidad de Madrid con un 8,7 por ciento del total de la obra pública adjudicada por el gestor aeroportuario.
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En cuanto al ente estatal de Puertos del Estado, vuelve a ser Cataluña la comunidad autónoma que ha recibido más obra pública durante la última década, con un 21,2 por ciento del total, según Convivencia Cívica. Le siguen, en orden descendente, Andalucía con un 17,9 por ciento, la Comunidad Valenciana (14,5 por ciento), Canarias (12,2 por ciento) y Galicia (11,5 por ciento).
El informe compara el reparto de inversiones en España con el modelo que se aplica en Alemania, donde asegura que priorizan factores como la población o la superficie por encima del PIB. Esto hace que, según sus cálculos, si se aplicara en España un modelo similar Cataluña sería la autonomía más perjudicada, ya que bajaría del 17,8 por ciento de obra pública a aproximadamente un 7,4 por ciento, debido a que apenas tiene el 6 por ciento del total de superficie española.