El exalcalde de Barcelona Xavier Trias y la antigua Convergència Democrática de Catalunya (CDC) han presentado este jueves ante el Tribunal Supremo una querella criminal por los delitos de violación de secretos, prevaricación y malversación de fondos públicos contra el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y el exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya (Oac) Daniel de Alfonso.
En su querella, aseguran que CDC es el "objetivo" de "todas las turbias maniobras" que presuntamente Fernández Díaz y De Alfonso trataron durante sus encuentros. Apuntan también a que, en estas reuniones, el ministro fue "elocuente" y no mostró "rubor alguno" empleando "la franca verborrea de quien se cree impune".
Un representante legal de la formación ha registrado la querella al mediodía ante la Sala Segunda del alto tribunal para que se investigue el contenido de la grabación de las conversaciones mantenidas en el despacho ministerial sobre investigar a políticos independentistas.
Este miércoles ya lo adelantó el portavoz parlamentario de CDC --ahora refundada como Partit Demòcrata Català (PDC)--, Francesc Homs, durante su intervención en la sesión de investidura fallida, en la que acusó al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y a su equipo de haber utilizado "la extorsión y la amenaza" para "conseguir sus objetivos".
Según apunta la querella, la conducta de De Alfonso, en calidad de director de la Oficina Antifraude, constituye un delito continuado de violación de secretos, recogido en el artículo 417 del Código Penal. Además, los querellantes recuerdan que el artículo 8 de la Ley del Parlament de Catalunya 14/2008, por la que se creó la OAC, fija que el director debe "ejercer el cargo con plena independencia y objetividad" y que "no recibe instrucciones de ninguna autoridad en el ejercicio de sus funciones".
DE ALFONSO ENTREGÓ INFORMACIÓN A "QUIEN NO DEBÍA"
Asimismo, hace hincapié en que hizo revelación de información confidencial, entregó documentación física a "quien no debía", es decir, al ministro, porque éste no es miembro del Poder Judicial ni representante de la Fiscalía.
"A nadie escapa que el señor De Alfonso ha reducido a cenizas el prestigio de la Oac y que la actuación del ministro no sólo deja bajo la sombra de la sospecha la independencia y honestidad de las fuerzas de seguridad, sino que compromete a la propia Fiscalía General del Estado y a destacados miembros de la Fiscalía Anticorrupción, de los que se habla sin recato como si se trataran de meros esbirros", señala la querella.
A Fernández Díaz se le considera partícipe punible en este delito ya que "provoca, posibilita y favorece activamente el hecho delictivo ajeno", dice el documento presentado ante el Supremo. Los querellantes aseguran que el ministro conoce el motivo por el cuál De Alfonso le visita y que, por ello, "le recibe, le interpela, le incita" y le pregunta detalles.
Según dice el documento presentado, la grabación deja "patente" que hay una revelación de "información confidencial" sobre ciertos políticos catalanes, incluso con intención de que sea publicada, lo cual conlleva el "perjuicio" para estas personas. Además, subraya que la conducta de los dos querellados "colisiona" con el "buen funcionamiento" de la Administración Pública.
Se les acusa también de prevaricación debido a que, en su consideración, toman la decisión de llevar investigaciones "injustificadas e ilícitas, con clara y manifiesta desviación de poder" por parte de ambos interlocutores.
Y, de malversación de caudales públicos por los costes generados en el "emprendimiento y desarrollo" de las investigaciones y porque se han destinado recursos públicos en actividades como las dietas y desplazamientos del exdirector de la Oac para acudir a las reuniones en el despacho del ministro del Interior.
DOCUMENTOS ANEXOS
El escrito se acompaña de documentos anexos en los que se reproduce artículos periodísticos que informaron de dicha conversación, el acta que recoge las declaraciones de De Alfonso en la séptima sesión de la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento de Cataluña, que se celebró el pasado 23 de junio, así como la transcripción del contenido que la acusación considera "relevante" de la reunión.
Además, piden un estudio aparte sobre una de las declaraciones que hizo De Alfonso sobre la investigación a Homs por el nombramiento a dos familiares del exdirigente de CDC Felip Puig. Creen que hay una "premeditación especialmente insidiosa" para su revelación.
En cuanto a Trias, destacan que es otro de los perjudicados por las grabaciones ya que se le incluye en una operación de un supuesto blanqueo de capitales con el visto bueno del Ayuntamiento de Barcelona cuando éste no formaba parte del equipo municipal.