Bruselas denuncia en concreto que, en determinados lugares de trabajo de la Guardia Civil, nadie ha sido designado para verificar que se apliquen medidas de prevención en materia de salud y seguridad.
"Por tanto, podría correr peligro la salud y seguridad en el trabajo de los miembros de la Guardia Civil", ha denunciado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
El ultimátum adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en el plazo de dos meses las autoridades españolas no corrigen la situación, Bruselas podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.