El magistrado percibió 200.000 dólares por impartir cursos durante su estancia en Nueva York entre los años 2004 y 2005. Hasta ahí todo correcto. El problema es que el juez, según dice el Tribunal Supremo, nunca comunicó esos ingresos al Poder Judicial, el órgano que autorizó y sufragó su estancia en Estados Unidos. Ahora, el CGPJ ha abierto diligencias al magistrado Garzón para determinar si ha incurrido en incompatibilidades.
Fuentes del CGPJ han señalado que esta decisión supone transformar en diligencias informativas el expediente sobre este asunto que se venía tramitando en el órgano de gobierno de los jueces bajo la denominación de información previa. Precisamente, la Inspección del Consejo proponía archivar la información previa abierta a partir de la denuncia que presentó un abogado alicantino contra Garzón, al que acusaba de cohecho y prevaricación por haber haber recibido 1,7 millones de dólares del Banco Santander Central Hispano (BSCH) por la presentación de un ciclo de conferencias y luego archivar una causa judicial contra la entidad bancaria.
Ahora, el CGPJ se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo le remita la documentación enviada por la Universidad de Nueva York, donde Garzón impartió las citadas clases, en la que se especifican las cantidades relacionadas con la estancia del magistrado en este centro académico. Baltasar Garzón, por su parte, ha dicho que no actuó "de mala fe". Así lo han dicho fuentes próximas al magistrado, que han desmentido "rotundamente" que "actuara con mala fe o con afán de ocultar al CGPJ información sobre las retribuciones" académica en Estados Unidos.
El papel del CGPJ
El CGPJ, que ya archivó en abril del año pasado una investigación a Garzón por estos hechos, recibió hace casi cuatro meses un nuevo escrito del mismo abogado, Antonio Panea, en el que informaba al Consejo de que se había querellado contra el juez. El Poder Judicial, que abrió entonces una nueva investigación.
¿Qué hacía Garzón en Nueva York?
El TS explicó que el juez les remitió un escrito en el que aseguraba que el Banco Santander había destinado fondos para actividades del Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva York, pero que esos fondos en ningún caso fueron destinados a pagos al juez, sino a sufragar gastos de las actividades en que intervenía. El CGPJ, recuerda el auto, decidió en 2005 otorgar al juez una licencia de estudios en dicho centro universitario de Estados Unidos del 1 de marzo al 1 de diciembre de ese año, licencia que fue prorrogada hasta el 30 de junio de 2006 y que da derecho al pleno devengo de la totalidad de las retribuciones como juez.
Garzón fue invitado por el Centro Rey Juan Carlos I de España, que asumió el pago de gastos de viaje por 21.152 dólares y la escolarización de su hija por 21.650 dólares, y por el Centro de Derecho y Seguridad de la Facultad de Derecho, que satisfizo al magistrado 160.333 dólares en concepto de sueldo. Según el TS, tampoco consta que por el Consejo se adoptase alguna resolución, separada de la de licencia, autorizando la compatibilidad para la actividad de docencia retribuida y, menos aún, que tomase conocimiento de los importes de dicha retribución.
Primeras reacciones de los 'populares'
El portavoz de Justicia del PP en el Congreso de los Diputados, Federico Trillo, ha afirmado que el juez Baltasar Garzón, al que ha definido como "cazador cazado", "se inhabilita a sí mismo con su conducta". A juicio de Trillo, al magistrado de la Audiencia Nacional "se le ha acabado el cuento de las dos varas de medir bajo la toga, una para sí mismo y otra para exigirle a los demás", y ha subrayado que en democracia "ningún poder es inmune".
Por su parte, Jaime Ignacio del Burgo, ex diputado de Unión del Pueblo Navarro y ex dirigente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, considera que "cada vez está más claro" que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no puede seguir en la función judicial porque está mezclado "en un montón de escándalos".
MV/EB