La ministra de Defensa y candidata del PSC a las elecciones catalanas, Carme Chacón, ha admitido que "ni loca" hubiese firmado el modelo de financiación que suscribieron en 2001 los gobiernos de Jordi Pujol (CiU) y José María Aznar (PP).
Ante las críticas de CiU al modelo vigente, que cerraron el tripartito y el Gobierno del PSOE en 2008, Chacón ha hecho una encendida defensa del sistema, que ha sido claramente beneficioso para Cataluña frente al que habían acordado las "dos derechas".
Cuando faltan dos días para que la comisión que estudia la nueva financiación en el Parlamento presente sus conclusiones, y en un acto ante empresarios catalanes y miembros de su partido organizado por el Círculo de Economía, Chacón ha indicado que el modelo de 2001 "le salió bastante caro a Cataluña", frente al 2008 que además de ser revisable, ha permitido multiplicar los ingresos de la Generalitat.
Chacón ha defendido que se revise la financiación catalana, aunque debe hacerse tomando como "base" el acuerdo de 2008, con el objetivo de que Cataluña sea la 'pole position' y siga siendo la autonomía líder y locomotora de España.
El objetivo debe ser que, "con el tiempo, deben converger el sistema común y el foral" de financiación autonómica.
Ante un auditorio formado por empresarios, Chacón ha expuesto algunas de sus recetas contra la crisis: más apoyo para pymes y emprendedores, aunque ha lamentado las propuestas que está haciendo la patronal.
"El país no tiene un problema en el despido sino en la contratación", por lo que ha instado a las organizaciones empresariales a priorizar otros objetivos que su partido defiende, como nuevos estímulos para la contratación y menos cargas de cotización para los empresarios.
Chacón ha resaltado que en unos momentos como los actuales, la labor de los poderes públicos debe ser "gastar más para proteger" a los más débiles, algo que ha hecho, como prueba que si en 2001 menos del 60% de desempleados no cobraban ninguna prestación, ahora lo hacen más del 70%.
Ha indicado que esta crisis no tiene su origen en la gestión pública, y ha explicado que en la pasada década, la deuda de las empresas ha crecido un 60% en relación al PIB y el de los hogares un 37%, mientras que el de las administraciones públicas sólo lo hace un 1%.
"En España tenemos un enorme problema con la deuda, pero no por la gestión de las finanzas públicas", ha recalcado la ministra, defendiendo una tercera vía entre un estado que coarta todas las libertades con otro modelo en el que no existe regulación de los mercados y todo se deriva a una supuesta 'mano invisible'.