En un documento de dos páginas divulgado hoy por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que exigió en 2007 vía judicial que la CIA publicara esa información, Dassin informa al juez federal Alvin Hellerstein que la Agencia Central de Inteligencia destruyó 92 cintas, cantidad muy superior a la admitida con anterioridad.
"La CIA puede ahora identificar el número de cintas de vídeo que fueron destruidas. 92 cintas de vídeo fueron destruidas", indica Dassin en su carta con fecha del 2 de marzo.
Robert Gibbs, portavoz de la Casa Blanca, señaló hoy en una rueda de prensa que la revelación de que se destruyeron "no es algo bueno, es algo triste".
"Bajo la dirección de (León) Panetta (nuevo titular de la agencia) y ciertamente de esta nueva administración, queremos dar a la gente que trabaja en la CIA las herramientas que necesitan para mantenernos seguros, pero hacerlo de una forma que también proteja nuestros valores", dijo Gibbs.
El fiscal para el Distrito Este de Virginia, John Durham, está investigando la destrucción de las cintas de vídeo y, en un principio, requirió que no se hiciera pública esa información hasta el 28 de febrero, momento en el cual esperaba poder haber completado su trabajo. No ha pedido al juez una extensión de ese plazo.
En un comunicado, la ACLU señaló que esta información "confirma que la agencia trató sistemáticamente de ocultar pruebas de sus interrogatorios ilegales".
En la carta, Dassin pide al magistrado que le dé plazo hasta el 6 de marzo para entregar a la Corte propuestas de agenda para publicar más información sobre las cintas.
El fiscal prevé que el tribunal pida a la CIA que entregue listados en los que identifique y describa cada una de las cintas destruidas, incluya resúmenes, transcripciones, memorandos de las grabaciones y reconstrucciones de los contenidos.
Además, que revele la identidad de cualquier testigo que pudiera haber visto o guardado los vídeos antes de su destrucción.
No obstante, Dassin advierte a la Corte que "cierta información" podría ser clasificada o protegida por estatutos, como los nombres de los empleados que revisaron las cintas.
Pese a ello, aseguró que la CIA "pretende entregar toda la información requerida" y divulgar toda la que le sea posible para el conocimiento del público en general.
La controversia sobre las cintas se produjo por primera vez durante el juicio a Zacarias Moussaoui, acusado en EE.UU. de conspirar para cometer los atentados del 11 de septiembre del 2001, cuando los fiscales negaron inicialmente su existencia, pero después reconocieron que se grabaron dos vídeos y una cinta de audio de sus interrogatorios.
En diciembre de 2007 el entonces director de la CIA, Michael Hyden, reconoció que la agencia había destruido cintas de vídeo de interrogatorios del 2002 a dos supuestos terroristas por miedo de que se filtraran a la opinión pública y comprometieran la identidad de los agentes.
En una carta a sus empleados, Hayden también señaló que el órgano de supervisión interno de la CIA vio las cintas en el 2003 y verificó que las técnicas empleadas en los interrogatorios eran legales.
De acuerdo con la misiva, la CIA empezó a grabar los interrogatorios como un "test interno" después de que el ex presidente de EE.UU., George W. Bush, autorizara métodos más severos para conseguir información de supuestos terroristas.
Estos métodos incluyeron el llamado "waterboarding" o "ahogamiento simulado", apuntaron autoridades gubernamentales.
La CIA decidió en 2005 destruir las cintas de vídeo en "ausencia de cualquier razón legal o interna de guardarlas".
La agencia de espionaje sólo grabó los interrogatorios de los dos primeros terroristas detenidos en ese preciso momento en EE.UU., entre ellos Abu Zubaydah.
Según dijo entonces el New York Times, las cintas reflejaban también los interrogatorios a Abd al-Rahim al-Nashiri, otro sospechoso de terrorismo.