La Ley Electoral fue modificada en 2011 con el apoyo de PP, PSOE, CiU y PNV y, entre otras cuestiones, imponía a los emigrantes la obligación de solicitar el voto antes de poder ejercerlo, lo que se conoce como voto rogado. Ese mecanismo, ideado para combatir posibles fraudes, ha provocado el desplome de la participación electoral y los mismos partidos que lo aprobaron ahora quieren rectificarlo.
Las iniciativas de CiU pretenden que el Gobierno central, a través del Ministerio de Exteriores, presenten un balance de los problemas técnicos y de gestión que se hayan detectado como consecuencia de la normativa electoral actual, y a partir de este informe, modificar la Loreg ante las próximas elecciones autonómicas y generales.
EL VOTO ROGADO
Según Xuclà, la participación de los residentes en el extranjero ha bajado notablemente por la introducción del 'voto rogado', que les obliga a mostrar, a través del consulado, su deseo expreso de votar para poder recibir las papeletas por correo postal, así como por los plazos tan reducidos que hay para pedir el voto.
Así, ha constatado que solo un 1,48% de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (Cera) pudieron votar en las elecciones europeas, un porcentaje que fue del 2,56% en Cataluña, y que de los 10.996 que superaron la fase del 'voto pregado', menos de la mitad pudieron ejercer este derecho porque el resto no recibieron a tiempo las papeletas.
"Aunque en su momento avalamos la modificación de la Ley Electoral, tenemos que reconocer que el sistema actual es un desastre, por lo que entendemos que rectificar es de sabios", ha concluido.
El Congreso tiene pendiente una proposición de ley del Parlamento gallego para, precisamente, revocar el voto rogado que se estrenó en 2011. La iniciativa fue admitida a trámite por el Pleno pero, meses después, la tramitación no ha avanzado.