Activistas de Avaaz, No Somos Delito, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Greenpeace, SOS Racismo, Sindicato de Estudiantes y la Asociación Libre de Abogados, entre otras, han cruzado en fila la Carrera de San Jerónimo vestidos de luto y portando una corona de flores con el lema 'Democracia, la ciudadanía no te olvida. 260.000 firmas contra la Ley Mordaza'.
El grupo se ha unido en la escalinata de la Puerta de los Leones con diputados de casi todos los partidos de la oposición que también han mostrado su rechazo a la ley.
Los convocantes han reiterado que el objetivo de esta ley no es garantizar la seguridad de los ciudadanos, sino "proteger" al Ejecutivo, criminalizando la protesta "pacífica" que se ha generalizado en las calles españolas desde el estallido de la crisis económica.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y REUNIÓN
Así, han insistido, coincidiendo con la celebración este miércoles del Día de los Derechos Humanos, en que los derechos a la libertad de expresión y reunión van a sufrir un "duro golpe" con la aprobación de la reforma y han acusado al Gobierno de desoír a los organismos internacionales y a la oposición en este asunto.
De hecho, estos colectivos tienen previsto dirigirse al Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y a Naciones Unidas para que pidan al Ejecutivo español la retirada de esta ley y también han pedido a los partidos de la oposición que se comprometan a derogarla en cuanto sea posible.
Los partidos presentes en el acto --PSOE, IU-ICV, UPyD, PNV, Amaiur, ERC, BNG, Compromís-Equo y Nueva Canarias-- han recogido el guante y han reiterado sus críticas al proyecto del Ejecutivo incidiendo, entre otros puntos, en que tiene visos de inconstitucionalidad y en que es una norma "para la tranquilidad del Gobierno y la intranquilidad de los españoles".
Desde Avaaz, Patricia Martín, ha esgrimido una encuesta realizada por Metroscopia para esta plataforma digital de denuncias ciudadanas, que pone de manifiesto que el 40% de los encuestados es partidario de que se retire la reforma y el 42% pide que se modifique. Además, el 80% juzga excesivas las multas que prevé y el 86% defiende que este tipo de normas debería ser aprobada con el apoyo la oposición y no sólo del Gobierno como va a ocurrir en este caso.