El responsable de asuntos europeos de CHA, Miguel Martínez Tomey, ha explicado que "Europa ha pedido al Gobierno de Rajoy que agilice la justicia y le recomiendan que elimine los obstáculos que supone la superposición de normativas que se derivan de los distintos niveles de gobierno".
CHA ha trasladado a la Comisión europea su preocupación por la no convocatoria de plazas para jueces, fiscales y secretarios judiciales en España al argumentar que "se agravará más, si cabe, la situación actual de falta material y de personal".
Desde CHA se ha reclamado que estas convocatorias salgan y se cubran para garantizar un "buen servicio judicial" ha estimado Miguel Martínez Tomey, quien ha justificado que "presentamos una queja ante la Comisión europea para que analice la situación de la Justicia y dicte su opinión".
Martínez Tomey ha asegurado que "desde Europa se admite que la situación en el Estado español es preocupante y se explica que, en mayo de este año, ya se le advirtió al Gobierno de la necesidad de mejorar el sistema".
Así, ha apuntado que entre las recomendaciones de Europa está la de "hacer más eficiente su sistema de justicia civil, lo cual afecta tanto a los derechos de la ciudadanía como a las empresas cuya viabilidad depende de la resolución rápida y eficaz de sus intereses en las causas que tienen pendientes los juzgados y tribunales", ha indicado.
Tomey ha explicado que "en la respuesta de Europa también se advierte de que la Justicia del Estado estará sometida a revisión en el primer semestre de 2013 y la situación no será mejor si no se convocan nuevas plazas de jueces, fiscales y secretarios judiciales".
Desde CHA se ha criticado la situación actual de la justicia, que "tiene atascados muchos temas, gran parte de ellos financieros, pero también sobre asuntos en los que las personas tratan de defender sus derechos ante los abusos que suponen los recortes salvajes y las modificaciones de las leyes impuestas por el Partido Popular".
Como dato ha expuesto que en España hay 10 jueces por cada 100.000 habitantes, una de las cifras más bajas de Europa, hecho que explica la "gravísima ineficiencia y lentitud en la resolución de los asuntos judiciales".