Esa supuesta falta de colaboración ha terminado siendo un "pequeño problema procedimental" y una "pequeña descoordinación", que ya se ha solucionado y no se va a volver a producir, en palabras del propio Conde-Pumpido y de Velázquez, que pretendían así poner fin al aluvión de críticas que han provocado las denuncias del fiscal.
Ambos coincidían esta tarde en una conferencia sobre terrorismo en El Escorial (Madrid), poco después de que el fiscal general explicara que, ante la mencionada falta de colaboración, en las diligencias abiertas de cara a los comicios europeos, la Fiscalía sólo ha pedido informes a la Guardia Civil y no a la Policía.
Según ha dicho el fiscal general en un desayuno organizado por Europa Press, las demandas de ilegalización contra ANV y PCTV, y las impugnaciones de Askatasuna y D3M en las pasadas elecciones vascas, se tuvieron que fundar en los informes de la Guardia Civil porque la Policía "no atiende las indicaciones de la Fiscalía del Supremo" y sí las del juez instructor, Baltasar Garzón.
Unas declaraciones ante las que el Ministerio del Interior ha querido aclarar, a través de una nota de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, que los informes de la Policía sobre D3M y Askatasuna se hicieron llegar a la Fiscalía del Supremo a través de la Audiencia Nacional, y además se utilizaron en las demandas de ilegalización.
En defensa de la actuación policial también ha salido el 'numero dos' de Interior, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, que ha advertido de que los responsables del Ministerio defenderán a la Policía y a la Guardia Civil de "todos los ataques injustos" que puedan recibir.
Más duros con Conde-Pumpido han sido los sindicatos de la Policía que han llegado a pedir el cese del fiscal general, tras calificar sus declaraciones de "irresponsables y extremadamente graves", y han solicitado a Rubalcaba que dé la cara y desmienta al fiscal general del Estado.
"El señor Conde-Pumpido ha incurrido en una deslealtad de consecuencias imprevisibles", ha señalado la Confederación Española de Policía (CEP), mientras que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha exigido una rectificación inmediata del fiscal general o su cese "por irresponsable", y el Sindicato Profesional de Policía (SPP) ha denunciado la falsedad de esas declaraciones.
A las críticas se ha sumado el PP, que ha pedido la comparecencia urgente del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el Congreso para que explique qué clase de relaciones tienen la Fiscalía, la Policía y la Audiencia Nacional.
Mariano Rajoy ha ido más lejos y ha dicho que el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero debería dar una explicación "hoy mismo" sobre las denuncias del fiscal.
La polémica ha ido creciendo a lo largo del día, hasta que esta tarde en El Escorial Conde-Pumpido y Velázquez aseguraban que el "problema puntual" de descoordinación ya había sido solucionado.
Preguntado por la oportunidad de haber realizado esa denuncia en un foro público, el fiscal general del Estado se ha mostrado convencido de que el hecho de que sus declaraciones se hayan producido en el marco de ese encuentro ha permitido que al problema existente se le haya dado una respuesta y una solución "rápida, contundente y definitiva".