Asimismo, durante siete años no podrá ejercer cualquier tipo de empleo y cargo público, y especialmente las que afectarían a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. La multa impuesta es de 15.000 euros, con dos meses de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y al pago de una tercera parte de las costas.
Mientras que a los dos narcos --A.M. y J.L.G.--, como autores responsables de un delito de cohecho, lo condenan a tres meses de prisión. La multa para el primero de ellos asciende a 4.000 euros, con 15 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y al pago de una tercera parte de las costas; y en el caso de J.L.G., de 2.000 euros, con ocho días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y al pago de una tercera parte de las costas.
Según el fallo de la sentencia, no procede solicitar para ninguno de los tres condenados indulto al Gobierno de la nación.
Se considera probado que J.A.A. se aprovechó de su condición de sargento-jefe del EDOA de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Melilla, y del acceso que tenía a toda la documentación que se volcaba en una base de datos policial.
Así, fue progresivamente sacando documentos de la operación, conociendo que dos de las personas a las que se investigaba en las diligencias judiciales, bajo el secreto sumarial, eran los dos narcos.
Debido a que este guardia civil estaba atravesando serias dificultades económicas, contactó telefónicamente con los narcos y les dijo que podía sacarlos de ese "lío" narcos y de la causa judicial abierta a cambio de 120.000 euros, de los que se tiene constancia que recibió 9.000 euros.