El Congreso de los Diputados ha dado vía libre este martes a sus normas de adaptación a la Ley de Transparencia y ha aprobado los contenidos que tendrá el nuevo Portal de Transparencia, que el presidente de la Cámara, Jesús Posada, espera tener en marcha en algo más de un mes. Se publicarán los bienes de la Cámara, incluidos sus coches oficiales; los presupuestos al detalle, los contratos menores y convenios suscritos por la institución, las retribuciones de los altos funcionarios que prestan sus servicios en el Parlamento y los datos de las Cortes Generales que el Congreso comparte con el Senado.
La Mesa del Congreso, donde están representados PP, PSOE y CiU, ha aprobado los contenidos por unanimidad, pero antes Posada ha querido escuchar a todos los grupos parlamentarios en la Junta de Portavoces, donde UPyD e Izquierda Plural, han vuelto a poner pegas alegando que los planes del Congreso se quedan "cortos".
EL SENADO LO HIZO MÁS RÁPIDO PERO NO ERA LO ADECUADO
Posada ha admitido que el proceso de adaptación ha sido "relativamente lento" pues ha preferido dar voz a todos los grupos e incorporar sus aportaciones. "Lo podíamos haber hecho con mucha rapidez y el Senado lo hizo muy rápido, pero a mí no me pareció adecuado y todos los grupos han respaldado el procedimiento", ha comentado.
El diseño preparado por los servicios jurídicos planteaba que al régimen económico y social de los diputados y los concursos que convoca el Congreso y que ya se pueden consultar en 'www.congreso.es', se sumen ahora varias novedades con información económica, presupuestaria y contractual.
Por ejemplo, se darán a conocer de forma detallada los Presupuestos de la Cámara y su ejecución presupuestaria, tanto de 2014 como de 2015 (actualmente sólo se tiene acceso a un informe sobre el cumplimiento de las cuentas de 2012 y 2013).
Respecto a los contratos que adjudica el Congreso para la adquisición de distintos servicios además de los pliegos de los concursos y el valor de la licitación, que ya son públicos, la intención es informar de la planificación contractual general de la Cámara, de los convenios futuros o que ya están en vigor, y ofrecer también una relación de los denominados contratos menores (obras de menos de 50.000 euros o servicios por debajo de 18.000 euros).
INVENTARIO DE BIENES
La propuesta de los servicios jurídicos incluye, asimismo, la publicación de los bienes inmuebles, muebles y de los derechos de la Cámara, destacando, dentro de estos últimos el patrimonio histórico-artístico, el bibliográfico y documental y los elementos de transporte.
También se recogerán datos sobre los viajes de sus señorías, conforme al acuerdo alcanzado por los grupos el pasado mes de diciembre, y sobre la documentación complementaria de las iniciativas legislativas. Igualmente, habrá mayor información sobre las funciones del Congreso, un organigrama detallado de la administración parlamentaria y el régimen económico y de incompatibilidades del personal de la Cámara.
A instancias del PSOE, se ha avanzado con respecto al borrador inicial elaborado por la Secretaría General del Congreso para dar a conocer, por ejemplo, las retribuciones de los altos funcionarios de la Cámara, es decir, aquellos que ejercen como directores de departamento, y hacer constar el régimen de incompatibilidades de los letrados. También incorporará datos de las Cortes Generales, las estructuras que comparten Congreso y Senado.
El futuro Portal de la Transparencia, que se encargará de la denominada 'publicidad activa' de la institución, podría estar en marcha en algo más de un mes, según ha explicado Posada, que dará instrucciones para "dar la información con rapidez, pero sin apresuramiento".
RÁPIDO, PERO SIN APRESURAMIENTO
"Que se haga cuanto antes, pero no voy a dejar que haya tendencia a olvidar algo o poner pies en pared --ha comentado--. Me gustaría que todo lo más importante, lo más notable estuviera, en un mes o mes y medio y que antes de Semana Santa estuviera todo".
La otra vertiente de la Transparencia es canalizar vías para que los ciudadanos puedan dirigirse a la Cámara para hacer consultas específicas. Eso sí, el informe ya avisa de que serán inadmitidas las peticiones que incluyan "expresiones indecorosas contra personas o instituciones, así como meros juicios de valor u opiniones".
El Congreso tendrá un mes de plazo para responder a los ciudadanos si concede o deniega la información solicitada que podrá ampliarse a dos meses si ésta es muy extensa o compleja. Si no se recibe contestación en el plazo máximo fijado, el solicitante habrá de entender que su petición ha sido desestimada.
El acceso a la información será gratuito, si bien "la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones", según consta en el informe, abriendo la puerta a pagos en casos concretos.
LÍMITES AL DERECHO DE ACCESO
Siguiendo el esquema fijado en la propia Ley de Transparencia, el derecho de acceso a la información sobre la actividad de la Cámara podrá ser limitado cuando suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, o la protección del medio ambiente.
Se creará una Comisión de acceso a la información pública que se encargará de gestionar las peticiones de información y de la que formarán parte altos funcionarios de la Cámara: el secretario general de la Cámara, el director de comunicación, el de documentación, biblioteca y archivo y un funcionario responsable de la unidad que gestione los contenidos del portal. En caso de desacuerdo con la decisión de esa comisión, finalmente se habilitará la posibilidad de recurrir ante la Mesa del Congreso, que tendrá la última palabra.