Este martes se cumple precisamente el plazo de 60 días que establece la nueva Constitución de Bolivia, promulgada el pasado 7 de febrero, para aprobar el nuevo régimen electoral y convocar los comicios generales.
En la sesión de mañana se debatirán los disensos que enfrentan al oficialismo, que tiene mayoría en la Cámara de Diputados, y a la oposición, que controla el Senado, sobre la nueva ley.
Además, los movimientos sociales y campesinos que apoyan al presidente Evo Morales han amenazado con iniciar un cerco al Congreso Nacional como medida de presión para que la ley electoral se apruebe.
El jefe de los diputados del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), César Navarro, dijo hoy que mañana habrá "posibilidades democráticas de aprobar la ley" y confió en lograr un respaldo mayoritario en la sesión del Congreso.
La oposición rechaza el proyecto de ley oficialista porque cree que da ventajas a Morales para ser reelegido, al reservar 14 escaños de un total de 127 para grupos indígenas (colectivo que apoya mayoritariamente al presidente) en detrimento de representantes de áreas urbanas.
Otra de las principales críticas se refiere a la novedad del voto de los emigrantes bolivianos, con un sistema que, según la oposición, no ofrece garantías ni transparencia.
Los rivales políticos de Morales también exigen un nuevo padrón electoral porque creen que el actual contiene irregularidades que propiciaron amplias victorias del gobernante en el referendo sobre mandatos del pasado agosto y en la consulta para ratificar la nueva Constitución, celebrada en enero.
Sin embargo, el actual padrón electoral ha sido avalado por varios organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas, y tampoco se han presentado en Bolivia denuncias formales sobre sus presuntas irregularidades.
Navarro replicó en declaraciones al canal estatal que las observaciones opositoras no tienen fundamento y su única "intención política oscura" es impedir las elecciones del próximo diciembre.
El portavoz de Morales, Iván Canelas, insistió hoy en esta idea y criticó que la oposición quiera "boicotear" los comicios y volver a generar "un proceso de violencia" en el país.
De salir reelegido en diciembre, Morales gobernará hasta el 2014 con la posibilidad de ampliar su mayoría y controlar la Asamblea Legislativa Plurinacional, como se denominará el Congreso boliviano de acuerdo a la nueva Constitución.
El presidente del Senado, el opositor Óscar Ortiz, declaró hoy a los medios que, si finalmente el oficialismo impone la normativa, eso provocará que los bolivianos "se separen más y se alejen las posibilidades de una reconciliación y de una unidad nacional".
Los gobernadores y líderes cívicos opositores de las regiones de Santa Cruz, Chuquisaca, Beni y Tarija, reunidos en un grupo autodenominado "Elecciones limpias para Bolivia", exigieron el domingo a Morales un nuevo padrón electoral y la independencia de la Corte Nacional Electoral (CNE).