El partido que lidera Rosa Díez proponía una Ley de Prevención y Erradicación de la Discriminación Lingüística para eliminar o corregir, en su caso, toda forma de discriminación en este sentido en el ámbito de los poderes públicos.
Así, planteaba que los servicios sociales básicos, como la sanidad o la educación, ofrezcan atención en las lenguas oficiales, que el conocimiento de la lengua cooficial sólo puede ser exigido como requisito para acceder a un empleo público cuando la actividad a desarrollar conlleve el uso imprescindible de esa lengua, y que las administraciones públicas aseguren la comunicación ordinaria en las lenguas oficiales, entre otras cuestiones.
El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha defendido esta iniciativa afirmando que "ninguna lengua tiene derechos", sino los "sujetos", y ha denunciado que hay personas que ven "erosionados" esos derechos en comunidades donde se han aplicado "políticas que ignoran la cooficialidad de las dos lenguas".
Para Gorriarán, "en nombre de derechos falsos se han acabado menoscabando los derechos de ciertas personas, como a ser educados en su lengua materna", una política que ha calificado como "lavado de cerebro colectivo a través del pensamiento único".
El diputado socialista Francisco Caamaño, que ha utilizado un turno en contra, ha defendido en castellano su oposición a la proposición de ley acusando a UPyD de querer "privar a las comunidades autónomas de su gestión por imponer un modelo que no es el que mayoritariamente han querido en Congreso, los parlamentos autonómicos y la gran mayoría de los españoles".
A continuación, los portavoces de los partidos de ámbito territorial y de Izquierda Plural han rechazado tajantemente la iniciativa de UPyD, ya que todos han defendido la lengua cooficial de su comunidad autónoma. Para ello, han usado parte de su intervención para hablar en su lengua, lo que ha propiciado que el presidente de la Cámara, Jesús Posada, llamara la atención a algunos de ellos.