El Congreso ha aprobado la creación de una comisión permanente para que los partidos no usen el 'ventilador' de la corrupción entre ellos y fijen en sede parlamentaria, y por tanto lejos de las platós de televisión, las pautas para tratar este asunto, fijando principios comunes para garantizar la democracia interna, estudiar reformas en la ley electoral, establecer incompatibilidades y regular el nombramiento de cargos.
Se trata de un primer acuerdo transversal en esta legislatura incipiente que los grupos esperan que se plasme en la constitución de dicha comisión, dejando esto al margen de los tiempos y las negociaciones para formar Gobierno. La idea surgió por iniciativa del PSOE y Podemos --con la implicación directa de Pablo Iglesias--, además los socios territoriales del partido morado e Izquierda Unida.
Las negociaciones, a las que se sumó el PP, prosperaron en una transaccionada que insta a la creación de una comisión permanente no legislativa contra la corrupción. Durante el debate en el Pleno, el pasado 15 de marzo, todos los grupos se sumaron al acuerdo salvo el PNV, que optó por la abstención.
"Es una oportunidad para hacerlo bien y no frivolizar con la información puntual en los medios de comunicación sobre los casos de corrupción", ha comentado a Europa Press la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro, subrayando que su partido coincide con el resto en el objetivo de alejarse del "exhibicionismo" para mejorar aquello que es susceptible de mejora, pero sin partir de la base de "derogar todo" lo que haya hecho su adversario político.
"Cuesta reconocer lo que ha hecho el PP", ha apostillado desde Podemos su portavoz de Justicia, Victoria Rosell, "pero el objetivo final es trasladar a la opinión pública que las instituciones no son corruptas y que debemos articular mecanismos para corregir los fallos de ineficiencia". Rosell, juez en excedencia, ha argumentado que, en su opinión, "la clave está en el tiempo de respuesta ante cualquier escándalo y en quién tiene la llave de los datos públicos para colaborar con la Justicia".
La portavoz del PP ha calificado como algo "muy positivo" que todos los grupos respalden una comisión por la regeneración democrática, mostrando su total coincidencia con la defensa que hizo de este organismo el portavoz de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo, quien recordó que la intención no era crear un "juicio paralelo o anticipado de lo que acaece en los tribunales de Justicia".
"No se trata de estudiar aquellos casos más alarmantes, sino de determinar las fallas del sistema. No se trata de convertir el Congreso en un plató de televisión o en un pseudotribunal de Justicia", insistió el portavoz socialista, que centró el ámbito de actuación en las reformas necesarias para que las Cortes "lideren las demandas de cambio" y las instituciones recuperen la "credibilidad perdida ante la sociedad".
Juan Carlos Campo, juez en excedencia con 30 años de experiencia y exportavoz del Poder Judicial, aludió en su intervención en la Cámara Baja a esta necesidad de no confundir la ausencia de controles y falsa transparencia. "La exigencia de una transparencia infinita sólo se hace oír donde no hay ninguna confianza. Un control total aniquila la libertad de acción y provoca la uniformidad. No es la sociedad que deberíamos desear tener", defendió.
CREAR UNA OFICINA ESPECIALIZADA
Fuentes conocedoras de la negociación han explicado que uno de los principales escollos llegó con la alusión en el texto inicial a la creación de un nuevo organismo para la prevención de la corrupción, un aspecto que se salvó con un cambio en la redacción final que no cuestiona las medidas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Juan Carlos Campo se refirió a los "prototipos" en los que se puede inspirar esta nueva oficina, citando la oficina especializada de lucha contra el fraude (OLAF) y sus derivados Centro Técnico y Científico o su Comité de Coordinación (COCOLAF), así como el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) auspiciado por el Consejo de Europa.
En declaraciones a Europa Press, la diputada por Podemos Victoria Rosell ha puesto de ejemplo la oficina antifraude creada durante el tripartito catalán. "La mayoría de las investigaciones judiciales fallan por la falta de participación de la Administración ante los requerimientos de los tribunales", ha sostenido Victoria Rosell, poniendo de ejemplo de mala praxis al Tribunal de Cuentas.
La juez de Podemos "imagina" que esta futura oficina, formada por "personas de integridad reconocida e independientes", podría disponer de un acceso telemático directo sobre la información pública, de forma que hiciera de mediador ante los requerimientos de la Justicia.
EL CONDE-DUQUE DE OLIVARES Y LA MORALIDAD
Las citadas fuentes han explicado que todavía los diferentes grupos no han puesto sobre la mesa posibles candidatos a presidir esta nueva comisión que, en cualquier caso, todos coinciden en que puede echar andar con independencia de que arranque plenamente la XI Legislatura con la investidura del nuevo Gobierno. Asimismo, admiten que tendrán que estar vigilantes para que las estrategias particulares de los diferentes partidos no terminen por hacer inservible el cometido de esta comisión.
De hecho, el 'ventilador' se activó en el mismo debate de la comisión anticorrupción cuando, por ejemplo, el portavoz de Ciudadanos, José Manuel Villegas, recordó los escándalos que "salpican" a PP, PSOE o la antigua Convergència. "Todos los viejos partidos se han visto salpicados, y algunos de los nuevos, señor Iglesias", dijo en referencia al líder de Podemos, "parece que también están siendo investigados por la UDEF por posible financiación ilegal desde potencias extranjeras".
"Sin duda esta comisión no va a resolver el problema de la corrupción; hay que luchar en muchos ámbitos, hay que luchar en muchos frentes, pero creemos que puede ayudar a coordinar las medidas de lucha contra la corrupción política", resumió Villegas.
El PNV --el único que se abstuvo-- es el grupo que ha reflejado mayores reservas a la creación de esta comisión, entre otras cosas por el exceso de "normativismo". "Desde los tiempos del conde-duque de Olivares llevamos oyendo esto, pero el núcleo del problema es una falta de moralidad tanto pública como privada y esto no lo arregla en exclusiva la fe en la magia de las normas", expuso el diputado Mikel Legarda.