Fuentes del órgano de gobierno del Congreso han precisado a Europa Press que Posada tendrá quince días para decidir por cuál de estas dos opciones opta, habida cuenta de que no puede recibir dos retribuciones.
Posada percibía mensualmente como tercera autoridad del Estado unos 13.750 euros incluyendo la asignación económica como diputado más el complemento como miembro de la Mesa del Congreso, la ayuda por ser parlamentario de fuera de Madrid y el dinero para gastos de representación y de libre disposición, todo ello multiplicado por catorce pagas.
En total, una retribución anual superior a los 192.000 euros, la más alta de los altos cargos de la Administración General del Estado.
INDEMNIZACIÓN DURANTE DOS AÑOS
En el verano de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un decreto que, entre otras cosas, establecía que los altos cargos no podrían compatibilizar las indemnizaciones por cesantía con ningún otro sueldo de carácter público o privado.
Semanas más tarde la Mesa del Congreso aprobó por unanimidad la fórmula para aplicar esa nueva norma, que afectaba a las indemnizaciones por cese tanto de los diputados como de los expresidentes de la Cámara. La incompatibilidad se extendía, además de a los sueldos, a las pensiones de jubilación o retiro por derechos pasivos y al cobro en virtud de cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio.
CHÓFER Y ESCOLTA DURANTE CUATRO AÑOS
Así las cosas, Posada deberá ahora elegir si se queda con la pensión indemnizatoria, equivalente al 80% de su sueldo durante un máximo de dos años (es decir, en este caso supondría unos 307.200 euros, aproximadamente), o con su nuevo sueldo de diputado.
Si Posada pasara a ser un diputado raso, percibiría un total de 129.864 euros en dos años, mientras que si se sitúa en la Presidencia de alguna comisión parlamentaria, percibiría 169.932 euros en ese periodo.
Además, como expresidente del Congreso Posada tiene derecho a tener escolta durante cuatro años y un coche con chófer, por motivos de seguridad.