El Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat ha juzgado inconstitucionales nueve preceptos da Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como 'ley mordaza', después de que ICV-EUiA y la diputada no adscrita Marina Geli solicitasen al órgano consultivo que se pronunciase sobre la norma.
El Consell de Garanties considera contrarios a la Constitución los artículos 20, 35.1; 36 en sus apartados 1,2,8,22 y 23; 37.7 y la disposición final primera de la norma, al entender que contradicen los artículos 18.1; 25.1; 20.2 y 24 de la Carta Magna.
Estos artículos hacen referencia a los registros corporales; a las sanciones para quienes se manifiesten sin comunicarlo previamente y ante las sedes del Congreso, el Senado o parlamentos autonómicos; a la ocupación de edificios y la vía pública; a la grabación de imágenes de agentes de seguridad, y a las 'devoluciones en caliente' de inmigrantes en la frontera.
En un comunicado, ICV-EUiA, que pidió la firma a la diputada no adscrita Marina Geli para poder pedir un dictamen al Consell de Garanties --hacen falta 14--, ha avanzado que pedirá al Parlament que presente un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), una decisión que deberá ser aprobada por el pleno de la Cámara catalana.
El diputado ecosocialista Jaume Bosch ha argumentado que el dictamen del Consell de Garanties demuestra que la ley "vulnera derechos a los ciudadanos que la Constitución les reconoce" y hace necesario el recurso del Parlament, pero ha advertido que está por ver si CiU apoya esta medida.