Los dos expertos en Derecho Constitucional que han comparecido este lunes en el Congreso han coincidido en criticar que en España la legislación que afecta a los partidos políticos esté repartida en varias normas y han abogado por unificar todas ellas en una única ley que regule el funcionamiento de las organizaciones políticas y su financiación. Además, han solicitado medidas para aumentar el control sobre las fundaciones en general y sobre las que están vinculadas a los partidos en particular y, especialmente, en materia de donaciones.
Los miembros de la Comisión Constitucional han escuchado en esta sesión las recetas anticorrupción de cinco comparecientes, entre ellos el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Eloy García López, invitado por el PP, y el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, que ha comparecido a propuesta de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA)
Dado que el Gobierno ha aprobado un proyecto sobre la actividad económico-financiera de los partidos políticos y que ya existe una ley de financiación de partidos, ambos han resaltado la conveniencia de que se haga una sola norma, e incluso de que ésta se unifique también con la Ley de Partidos.
Para García López, es un "problema" que existan distintos regímenes en esta materia y resulta "muy complicado" que vaya por un lado la financiación electoral, por otro la general y por otro la regulación de los propios partidos porque puede dar lugar a acabar "perdidos en una casuística muy difícil de entender".
En la misma línea, Presno recomienda un régimen propio y común de financiación para los partidos y sus fundaciones. "Si queremos transparencia tiene que tener las mismas condiciones y los mismos límites que los partidos", ha comentado.
FUNDACIONES "SIN CONTROL"
Al referirse a las fundaciones, García López ha afirmado que habría que reformar la Ley de Fundaciones porque actualmente todas ellas éstas "están sin control", salvo el que puedan imponer los tribunales. "El Estado ha abdicado de la tutela preventiva", ha denunciado, a la vez que ha señalado que los patronos se han convertido en únicos responsables del cumplimiento de los fines fundacionales sin que nadie les vigile.
Respecto a la condonación de deudas, aconseja establecer un límite, y que en este caso se trate a los partidos como a los particulares obligándoles a presentar expectativas sobre su capital y su patrimonio futuros.
Aunque saluda la regulación de la figura del tesorero, el catedrático reclama que no vaya en detrimento de la responsabilidad del órgano colegiado de dirección. A su juicio, el responsable de las finanzas no puede ser "el niño de azotes que asuma la responsabilidad que otros no quieran asumir" y que en realidad sólo tenga responsabilidad hacia el exterior y no hacia dentro. También alerta de que no se ha de rebajar el control sobre la contabilidad de los partidos a nivel local porque esa es una "de las zonas grises" y más proclives a la corrupción.
Por su parte, Presno, que defiende una financiación preferentemente pública de los partidos, sugiere establecer una previsión legislativa para que su financiación ordinaria "no suba más allá del IPC" cada año, y que no se permita un endeudamiento ilimitado de los partidos, sino que se recupere el límite que regía hasta 2007 situado en el 25 por ciento de la financiación pública que reciban.
Respecto a que se tenga que comunicar al Tribunal de Cuentas las donaciones superiores a los 50.000 euros, el profesor ha reclamado que esa cifra sea menor y que en general todas las donaciones sean conocidas por los ciudadanos. El proyecto prevé deducciones fiscales de hasta 600 euros para las donaciones, pero Presno ha pedido que se eliminen o al menos se rebajen.
MAYOR PLAZO DE PRESCRIPCIÓN
Además, ha reclamado que se amplíen los plazos de prescripción a 10 años para las infracciones de financiación muy graves, a cinco para las graves y a dos las leves.
Por lo demás, Presno ha lanzado otras propuestas como permitir que los extranjeros con cinco años de residencia en España puedan crear partidos y votar en todas las elecciones, rebajar a los 16 años la edad para votar, o que el registro de partidos políticos que ahora está en el Ministerio del Interior pase al de la Presidencia o incluso a la Junta Electoral Central.
En el ámbito interno de las formaciones políticas, es partidario de ir hacia una regulación similar a la que rige por ejemplo en Alemania, donde, según ha explicado, los congresos de los partidos deben reunirse por ley cada dos años. También apuesta por que el voto de los compromisarios deje de ser secreto y por que los cónclaves extraordinarios se convoquen si lo pide un determinado número de militantes.
Por último, ha criticado el alto número de aforados que hay en España, que, ha comentado "no tiene parangón en derecho comparado", ha pedido que los controles de idoneidad del Congreso a aspirantes a órganos constitucionales sean de verdad y que se pueda sustituir temporalmente a miembros de las Cámaras que estén de baja por enfermedad prolongada o maternidad.
Asimismo, ha pedido poner fin a las puertas giratorias institucionales de manera que, por ejemplo, no sea posible ser miembro del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas si se ha estado en el Gobierno o en el Parlamento. También ha animado a sus señorías a reformar la Ley del Indulto, para que como en la II República éstos dependan del Tribunal Supremo y para que, en cualquier caso sea obligatoria su motivación.
Por último, ha abogado por democratizar los instrumentos de participación ciudadana permitiendo, por ejemplo, iniciativas legislativas populares sobre leyes orgánicas o incluso para cambiar la constitución y por regular los referendos para derogar leyes.
EVITAR EREs EN LOS PARTIDOS
En la sesión de este lunes, con la que se pone fin a las comparecencias de expertos ante la Comisión Constitucional también han intervenido otros invitados como el director del Instituto de Investigación de Mercados y de Opinión Pública (CIMOP), Fernando Conde, que ha acudido a instancias del PSOE, ha denunciado que la respuesta política al fenómeno de la corrupción es hasta ahora "tibia" y ha reclamado un paquete "más amplio" de medidas de regeneración democrática.
La idea de Conde pasaría por primar la participación ciudadana en la vida legislativa, dotar de "mayor transparencia" a las instituciones, "dignificar" el servicio público y "reforzar" la ejemplaridad de los comportamientos políticos. Singularmente, plantea reformar la Ley Electoral para instaurar "listas abiertas", "reforzar" la representatividad y la proporcionalidad y tener "más control" sobre las campañas electorales, y defiende una Ley de Financiación de Partidos que "garantice" el papel central de los mismos en el sistema democrático "al margen de ayudas y donaciones privadas".
Por su parte, el responsable del Departamento Laboral de Barcelona de J&A Garrigues, Rafael Ortiz, invitado por CiU, ha centrado su intervención en los efectos laborales que tendrá en los partidos y sus fundaciones la nueva ley de control financiero de los partidos políticos, dado que supondrá unos menores ingresos para estas entidades, con las consecuencias que ello puede acarrear para sus trabajadores. Para evitar que se tengan que hacer EREs u otras medidas de ajuste, ha sugerido que si se les quita financiación privada se compense con la pública.