"Incluso con las cifras del Consejo General del Poder Judicial, la huelga es todo un éxito", ha manifestado a Efe el portavoz de la AJFV, Marcelino Sexmero, después de conocer que el órgano de gobierno de los jueces ha estimado en el 35,38 por ciento la participación en el paro, porcentaje que los convocantes elevan hasta el 60 por ciento, aunque cada parte usa un "censo" distinto.
Así, el CGPJ, que habla de 1.635 jueces en huelga, hace el cálculo sobre los 4.621 magistrados en ejercicio, mientras que las asociaciones -que excluyen a los sustitutos, las plazas vacantes y las bajas por enfermedad, entre otros- rebajan a 3.500 el número de "convocados" al paro y afirman que lo han seguido más de 2.150 magistrados.
En cualquier caso, la convocatoria ha tenido un éxito indudable en cuatro comunidades autónomas -Aragón, Murcia, Valencia y Extremadura, con un seguimiento superior al 60 por ciento, según los datos oficiales- y una incidencia notable en Canarias (más del 50 por ciento) y en Cantabria, Baleares, Madrid y Cataluña, donde han parado casi cuatro de cada diez jueces.
Por el contrario, la huelga, convocada en demanda de más medios materiales y humanos y de reformas estructurales para la Administración de Justicia, apenas se ha notado en el País Vasco y ha sido "ignorada" en los órganos centrales: el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.
La incidencia del paro en el servicio al ciudadano ha sido muy desigual, ya que mientras en Cataluña apenas se ha notado, porque se había avisado previamente de la suspensión de las actuaciones fijadas para hoy, en Madrid los Juzgados de la plaza de Castilla presentaban una imagen inusual, con pasillos vacíos y ciudadanos que salían sin haber conseguido cita para otra fecha.
Para el CGPJ, que en su día decidió no darse por enterado de la convocatoria y se negó a fijar servicios mínimos -que fueron establecidos por los propios convocantes-, lo que la jornada de hoy ha dejado claro es que existe una "amplia voluntad de cambio" en la Administración de Justicia, ya que muchos de los jueces que no han hecho huelga sí han participado en actos de protesta simbólicos.
Éstos, fundamentalmente concentraciones en las sedes judiciales, habían sido convocados por la Asociación Profesional de la Magistratura y por Jueces para la Democracia, que comparten las reivindicaciones de las otras dos asociaciones pero que decidieron esperar al resultado de las negociaciones con el Gobierno y aplazar la convocatoria de una posible huelga al 26 de junio.
En una comparecencia en la que no ha admitido preguntas, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ha destacado el "alto grado de responsabilidad" de los jueces, especialmente de los que hoy han ido a trabajar, y ha dicho que esa voluntad de cambio "exige a todos" -Consejo, Ministerio, Comunidades Autónomas y magistrados- "trabajar en pro de la reforma necesaria".
Sobre las consecuencias de la huelga, fuentes del CGPJ han considerado que el Ministerio de Justicia debería descontar el día de hoy de las nóminas de los jueces que han secundado el paro, pero han eludido pronunciarse sobre las eventuales responsabilidades disciplinarias en las que podrían haber incurrido.
Otra posible consecuencia es la prohibición en el futuro de las huelgas judiciales, si sale adelante la ley anunciada hoy por Fernández Bermejo para regular "el modo en que los jueces pueden reivindicar sus derechos", desde la perspectiva de que un poder del Estado no puede ir a la huelga, iniciativa que las asociaciones ya han dicho que recurrirían ante el Tribunal Constitucional.
En una rueda de prensa en la que no ha querido valorar el seguimiento del paro, alegando que esperaba a conocer los datos del CGPJ, sí ha dicho, en referencia a los ofrecidos por los convocantes, que no conoce ningún colectivo de huelguistas que no haga una "valoración optimista" al respecto.
Además, el ministro ha reiterado su disposición al diálogo con las asociaciones judiciales y ha considerado que "no estamos lejos de lo que se nos pide, estamos muy cerca".